De esta forma, se abre el mecanismo dispuesto mediante el decreto 222/03, firmado por el expresidente Néstor Kirchner cuando se produjo el anterior proceso de renovación de la Corte Suprema, luego de las críticas que recibió ayer el gobierno de Mauricio Macri por haber nombrado a Rosenkrantz y Rosatti por decreto y no llamando a sesiones extraordinarias para que lo analice el Senado.
A través de sendas publicaciones firmadas por el subsecretario de Relaciones con el Poder Judicial y Asuntos Penitenciarios, Juan Bautista Mahiques, el Ministerio de Justicia anunció que “a efectos de cubrir la vacante de Juez de la Corte Suprema de Justicia, se ha propuesto” a Rosenkrantz y Rosatti.
En ambos casos, el gobierno advirtió que “se trata de una síntesis de los datos que componen su curriculum vitae, que podrá ser consultado en detalle en la página web del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos: www.jus.gov.ar”.
La publicación de ambas postulaciones significa, en los hechos, la oficialización de las propuestas y la apertura del proceso, “en un marco de prudencial respeto al buen nombre y honor de los propuestos, la correcta valoración de sus aptitudes morales, su idoneidad técnica y jurídica, su trayectoria y su compromiso con la defensa de los derechos humanos y los valores democráticos que lo hagan merecedor de tan importante función”.
Según el artículo sexto del decreto 222, “los ciudadanos en general, las organizaciones no gubernamentales, los colegios y asociaciones profesionales, las entidades académicas y de derechos humanos, podrán en el plazo de 15 días a contar desde la última publicación en el Boletín Oficial para presentar al Ministerio de Justicia, por escrito y de modo fundado y documentado, las posturas, observaciones y circunstancias que consideren de interés expresar respecto de los incluidos en el proceso de preselección”.
Luego de ese proceso, el gobierno quedará en condiciones de re-evaluar las postulaciones y, eventualmente, enviarlas al Senado para pedir su Acuerdo.
No obstante, la designación por decreto de ambos juristas como jueces “en comisión” les permitirá intervenir en los acuerdos de la Corte Suprema y suscribir fallos como si fueran jueces definitivos, aún cuando no hubieran cumplimentado el proceso establecido en la Constitución Nacional.
