La semana pasada el fiscal federal Gerardo Pollicita pidió una batería de medidas de prueba en la causa por la denuncia que Alberto Nisman había hecho contra Cristina Kirchner y Héctor Timerman, entre otros, poco antes de morir, por encubrimiento del atentado a la AMIA. Entre estas medidas están la identificación de teléfonos y todo lo relacionado con las circulares rojas entre la oficina nacional de Interpol con la Secretaría General del Organismo, emitidas con respecto a los imputados desde el 2011, y la suscripción del memorando de entendimiento con Irán en 2013.
Ese año se incluyó una advertencia sobre la firma del Pacto, que tuvo el aval del entonces Canciller, que flexibilizó las alertas rojas de Interpol sobre los cinco iraníes acusados de ser los autores intelectuales de ese atentado, como se descubrió recientemente. Ahora Irán se niega ahora a quitar esa alerta a pesar de que el Memorando no está en vigencia. El país asiático, además, pide una negociación bilateral con el gobierno de Mauricio Macri.
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Este descubrimiento se produjo la semana pasada y complica la situación judicial de Timerman, en la causa en la que se investiga la presentación que Nisman hizo por encubrimiento del gobierno kirchnerista a los iraníes acusados de haber participado del atentado a la mutual judía en 1994. Por eso el fiscal Pollicita podría ampliar la imputación contra el excanciller la semana próxima, de acuerdo a Clarín.
Las sospechas del acuerdo
Entre los puntos del pacto firmado en Etiopía el 27 de enero de 2013 -sancionado por el kirchnerismo en Diputados un mes después- que se iban a aplicar al entrar en vigencia, uno de ellos implica la notificación del entonces secretario general de Interpol, Roger Noble, "en cumplimiento de los requisitos exigidos para este tipo de caso". Esta notificación se basó en una nota conjunta que Timerman le envió a su par iraní Alí Akbar Salehi el 17 de febrero del 2013.
El objetivo de Irán era la caída de las alertas rojas, que se usan para pedir la localización y detención de una persona buscada por las autoridades judiciales de un país determinado o por un tribunal internacional, con miras a su extradición. Estas medidas habían sido pedidas primero por el exjuez Juan José Galeano y luego por su sucesor en la causa AMIA, Rodolfo Canicoba Corral.
Los acusados son Ahmah Vahidi, ex ministro de Defensa y exjefe de la fuerza Al Quds; Moshen Rabbani, exconsejero cultural de la embajada iraní; Ali Fallahijan, exministro de Inteligencia, Mohsen Rezzai, exjefe de la Guardia Revolucionaria, y Ahmad Reza Asghari, exsecretario de la embajada en Buenos Aires.
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Mientras se debatía el memorando en el Congreso, el entonces canciller iraní reclamó la baja de las circulares y hasta dijo que había acordado de manera informal que no se incluyera a Vahidi. Aunque Timerman negó haber solicitado esta medida e inclusó presentó una carta de Noble que confirmaba su versión, aunque ahora se descubrió una trama secreta de esta historia.
El descubrimiento
A poco de asumir, la ministra de seguridad Patricia Bullrich empezó a investigar una advertencia en inglés que contienen las alertas rojas que llegan a todos los aeropuertos del mundo. "La secretaría general de Interpol ha sido informada respecto de que el 27-01-2013 se firmó un acuerdo entre Argentina e Irán sobre el atentado terrorista a la AMIA en 1994 en relación con la presente notificación con el fin de resolver esta cuestión por la vía diplomática... El estado de la presente notificación permanece inalterado, según lo decidido por la asamblea de Interpol en 2007".
Esta referencia actúa "como una flexibilización" y es adjudicada a países como Singapur y Malasia, que desconocen el caso y que dejaron circular a algunos de los acusados por atentado. En un documento de Interpol enviado la semana pasada al Gobierno y a Pollicita, entre otros, se indica que "ni Irán ni Argentina solicitaron que se agregara la advertencia, sino que fue tomada por la secretaría general", en ese momento a cargo de Noble. Es decir que, aunque el pedido de búsqueda sigue inalterable, en la práctica la realidad es otra.
De todos modos la Cancillería a cargo de Timerman reclamó en su momento a Interpol que quitara esas advertencias de las alertas rojas. La delegación de Irán ante este organismo respondió que el memorando "es válido y no está de acuerdo con la eliminación de la advertencia de los archivos". Desde el organismo respondieron entonces que "ambos países deberán tratar primero la cuestión del status o situación del memorándum a nivel bilateral".
