Seis meses antes de que se filtraran las escuchas entre Oscar Parrilli y Cristina Kirchner, la Justicia le había pedido a la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) que se borrara el material y que se dejara de espiar al extitular del organismo. La solicitud se envió cuando se dio por cerrada la investigación que intentaba comprobar si el exhombre fuerte del FpV, y otros funcionarios, se habían llevado elementos para montar una agencia de espionaje paralela.
Según publicó el diario Perfil, la jueza María Servini de Cubría le envió un documento el 29 de junio del año pasado al director de Asuntos Judiciales de la AFI, José Padilla, donde le pedía que se dejara de intervenir la línea de Parrilli luego de que se cumplieran los plazos que prevé la Ley de Inteligencia para las denominadas "pre-causas".
"Hubo una pre-causa, no se encontraron delitos y se destruyó el material”, le aclaró la magistrada al semanario porteño. Sin embargo, el contenido no se descartó y algunos fragmentos se hicieron públicos. La transcripción de las supuestas charlas entre Parrilli con el extitular de la AFIP, Ricardo Echegaray, y el subsecretario de Inteligencia, Juan Martín Mena, llegaron a los medios.
Aquella filtración desencadenó en un expediente judicial por supuesto “tráfico de influencia”, impulsado por el fiscal Ramiro González. También, según Perfil, el fiscal pidió una serie de medidas, entre ellas las escuchas, que ya no estaban.
El escrito de Servini a la AFI en ese entonces fue contundente para poner fin a la investigación: “No se han vislumbrado indicios de prueba que ameriten dar curso a la nueva solicitud de intervención telefónica. No observándose, en consecuencia, elementos que justifiquen el inicio de causa judicial”. Así, desde el círculo K, aseguraron que lo de la AFI fue un caso de “espionaje político”.
