El abogado de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Ricardo Gil Lavedra, reveló que el extitular del ente recaudador, Ricardo Echegaray, le concedió a Cristóbal López -y su socio Fabián de Sousa- casi cien planes para pagar los 8.000 millones de pesos del Impuesto a la Transferencia de Combustibles (ITC) de los que el Grupo Indalo se apropió entre 2011 y 2015. Nunca los pagó: ahora debe 17.000 millones de pesos.
Gil Lavedra explicó en Los Leuco la maniobra: "López no pagaba y se adhería a un plan general de facilidades de pago, que tampoco cumplía y se acogía a otro y así sucesivamente. Y al final, se sumó a dos planes particulares de pago que tampoco cumplió. Es decir, nunca abonó y se llevó la plata".
La causa que involucra a ambos empresarios volvió a ganar notoriedad el viernes, cuando los camaristas Jorge Ballestero y Eduardo Farah, de la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal, los excarcelaron. El juez federal Julián Ercolini había ordenado el 19 de diciembre la detención de manera preventiva.
Al respecto, Gil Lavedra confirmó que la AFIP apelará a finales de marzo la resolución que liberó a López a partir del cambio de carátula del expediente y concluyó: "Ese fallo fue equivocado, podría ser la puerta para la extinción del delito y ahora cualquiera decisión de la Justicia está bajo sospecha".
Mientras tanto, este lunes, el juez porteño en lo Comercial 5, Javier Consentino, resolvió intervenir Oil Combustibles -la más importante del Grupo Indalo- por al menos 180 días por no haber cumplido con la inhibición general de bienes.