A través de su publicación en el Boletín Oficial, el gobierno promulgó hoy la llamada Ley Micaela, que obliga a la capacitación de todos los funcionarios públicos en materia de género y violencia contra mujeres.
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La ley fue sancionada por el Senado el 19 de diciembre pasado y su cumplimiento comprende a cualquier persona que desempeñe la función pública en todos sus niveles y jerarquías en los tres poderes del estado.
El Programa Nacional Permanente de Capacitación Institucional en Género y Violencia contra las mujeres, o “Ley Micaela”, tiene como principal objetivo "capacitar y sensibilizar a quienes integran los diferentes estamentos del Estado".
La capacitación de las máximas autoridades del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación estará a cargo del Instituto Nacional de las Mujeres.
El INAM, creado en 2017, será el responsable de difundir el grado de cumplimiento de las disposiciones de la ley. De acuerdo con esta última, unos de los requisitos de su aplicación será la aprobación anual de una capacitación en gestión con perspectiva de género.
El texto de la norma reza:
La ley tiene como objetivo capacitar y sensibilizar a quienes integran los diferentes estamentos del Estado a los fines de dar cumplimiento a un deber que asumió nuestro país al firmar la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer
La iniciativa lleva el nombre de Micaela García, asesinada en 2017 en Gualeguay, Entre Ríos. La joven de 21 años, víctima de un brutal femicidio, fue secuestrada y asesinada por Sebastián Wagner.
Wagner había sido condenado a nueve años de prisión por dos violaciones, pero había salido en libertad condicional por orden del juez Carlos Rossi. El hecho motivó la votación de la llamada “Ley Micaela” en el Congreso Nacional para evitar este tipo de salidas anticipadas.
