La Unidad de Información Financiera (UIF) fue uno de los organismos querellantes junto a la Oficina Anticorrupción (OA) en el juicio por corrupción a la obra pública, que tiene a Cristina Kirchner como principal acusada. En diálogo con TN.com.ar, el jefe del organismo antilavado Mariano Federici adelantó que en el proceso "se pondrán sobre la mesa las pruebas" que demostrarán que hubo una asociación ilícita para favorecer con el reparto de obra pública al empresario Lázaro Báez, que también será juzgado en el proceso.
"Es importante que se lleve a cabo este juicio por corrupción a la expresidenta y sus allegados, que condujeron una asociación ilícita que defraudó a todos los argentinos. Las pruebas son más que sólidas", aseguró el funcionario. Federici dijo desde Comodoro Py que durante las audiencias "se pondrán sobre la esa las pruebas que demuestran que hubo hechos gravísimos en relación a maniobras que beneficiaron a Báez y al matrimonio presidencial", en referencia a Néstor y Cristina Kirchner.
"Creemos que las pruebas son más que sólidas, consentimos como querellantes en la elevación a juicio de la causa", dijo Federici, que elogió el trabajo de los fiscales Gerardo Pollicita y Juan Mahiques. "Hicieron una labor excepcional", indicó.
Además relativizó las presentaciones de la expresidenta, que pidió la realización de una pericia integral sobre todas las obras cuestionadas. "Las pericias que cuestiona la defensa, que se queja que faltan estudios, son innecesarias. Ya que quedó demostrado el patrón", dijo Federici. Recordó que las pericias ordenadas por la Justicia fueron pedidas por el Tribunal en fase de instrucción suplementaria, luego de que la causa fuera elevada a juicio. "Se pueden hacer 5, 10, 15, 20, 100 pericias más y siempre va a quedar demostrado el mismo patrón", insistió.
"Acá hubo una asociación ilícita que dirigió la obra pública en beneficio del amigo de los expresidentes, de manera discrecional e ilegal. Hubo direccionamiento, por eso estamos acá, por la cantidad de obra pública que recibió direccionada en su favor. Está absolutamente demostrado que era un amigo de la expresidenta", dijo.
La exmandataria está acusada de ser la jefa de una asociación ilícita que direccionó contratos de obra pública en Santa Cruz entre 2004 y 2015 por $ 46 mil millones a favor del empresario K.
Durante la instrucción los fiscales Pollicita y Mahiques analizaron los expedientes administrativos de las 52 licitaciones que se adjudicó el Grupo Austral del empresario K.
Advirtieron que hubo sobreprecios promedio del 65% además de una gran cantidad de atrasos en las obras. Determinaron además que hubo complicidad de funcionarios en las ampliaciones de plazos y costos, entre otras irregularidades.
