Amado Boudou sumó otro procesamiento, esta vez por la supuesta falsificación de un informe de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) que habría sido usado para la compra de 19 autos de lujo por el Ministerio de Economía en 2009, cuando estaba a cargo de esa cartera. La medida la ordenó el juez federal Sergio Torres, por el delito de administración fraudulenta, y además lo embargó por 3 millones de pesos.
El exfuncionario K ya estaba procesado en otras dos causas, por la falsificación de papeles de un auto y por el caso de la ex-Ciccone Calcográfica, en el caso en el que se investiga la quiebra de la empresa. El nuevo procesamiento contra Boudou es sin prisión preventiva, por la compra sin licitación de 13 vehículos Bora, tres Passat y tres Vento a la concesionaria porteña Guido Guidi de la marca Volkswagen.
También fueron procesados el ex secretario legal y técnico de Economía Benigno Vélez, el extitular de la SIGEN Daniel Reposo, Álvaro Palencia Reffino, Fernando Guidi y Guido Guidi. En agosto pasado Boudou había declarado como imputado y justificado la adquisición de los coches asegurando que "resultó claramente conveniente" y que los vehìculos "eran necesarios para el ámbito del Ministerio de Economía y distintas áreas del Poder Ejecutivo".
El documento supuestamente "trucho" de la SIGEN establecía un valor similar al que el Estado pagó por los coches -2,3 millones de pesos- en la licitación que la Justicia presume que habría sido direccionada a favor de la concesionaria Guidi.
EL CASO
La causa investiga lo ocurrido desde que la firma de la resolución 347 del Ministerio de Economía, el 22 de diciembre de 2009, en la que el entonces secretario legal y técnico de esa cartera, Benigno Vélez, autorizó el inicio de "gestiones tendientes a lograr la adquisición de una partida vehicular" que para el juez era "innecesaria".
Esto se hizo "mediante subasta privada direccionada a favor de la empresa Guido Guidi SA por la suma total de $2.301.227,25, la que finalmente se concretó por $2.131.400 sorteando la modalidad de contratación correspondiente al caso", indicó Torres en su fallo. Así se habilitaron "los mecanismos económicos y de procedimiento necesarios para efectivizar la compra", indica el magistrado en su resolución.
EL FALLO DEL JUEZ
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