De campera roja, acompañado por su abogado Maximiliano Rusconi, el exministro de Planificación Julio De Vido declaró por videoconferencia desde el penal de Marcos Paz en el marco del juicio por la tragedia de Once y negó tener responsabilidad penal en el accidente que causó la muerte de 51 personas. El exfuncionario responsabilizó por la tragedia al maquinista Marcos Antonio Córdoba, negó vínculos con las concesionarios que administraban el servicio ferroviario y aseguró que el presupuesto ferroviario durante los gobiernos de Cristina Kirchner no cubrió las necesidades del servicio.
"Imputación insostenible"
En el primer tramo de su presentación, De Vido aseguró que debido a la declaración de emergencia pública económica y social impuesta el 6 de enero de 2002, los presupuestos para las Secretarías de Transporte fueron "escasos" y nunca lograron cumplir las necesidades reales del servicio, pese a que destacó que tras la llegada de Néstor Kirchner al poder se "incrementaron las partidas presupuestarias para recuperación de los trenes". TN.com.ar accedió al escrito del exministro de Planifición, en el que expuso las diferencias entre la necesidad del servicio, y el presupuesto asignado por el Ministerio de Economía.
"El Presupuesto de cada cartera lo define el Ministerio de Economía como ejecutor de las políticas de Presidencia y es convalidado por el Congreso de la Nación. Por eso, está fundado no solo en una necesidad técnica, sino en una decisión política", expresó en tono de crítica. En rigor, durante su escrito, De Vido resaltó la gestión de Néstor Kirchner pero no así de la exmandataria.
Minutos después informó que entre 2003 y 2012, el Estado contó con un presupuesto para obras contratadas por 2 mil millones de pesos, con los que se incorporó 198 coches eléctricos, cinco locomotoras nuevas, siete coches remolcados y cinco formaciones de doble piso de ocho unidades cada una. "Sin embargo, se me imputa increíblemente que como Ministro de Planificación Federal no evité que los concesionarios ferroviarias incumplieran con las tareas de mantenimiento pactadas, o evite que los Secretarios de Transporte omitieran realizar esa tarea", en un claro mensaje a los exfuncionarios Juan Pablo Schiavi y Ricardo Jaime, quienes fueron condenados por esta tragedia a seis y ocho años de prisión efectiva, respectivamente.
De Vido está acusado por los delitos de "estrago culposo agravado por la muerte de 51 personas, más una por nacer, y lesiones que sufrieron 789 personas", por el siniestro que tuvo lugar el 22 de febrero de 2012.
En ese tramo de su discurso, consideró la imputación "jurídica y fácticamente insostenible", al asegurar que como Ministro de Planificación "carecía de relación directa con los concesionarios". Por lo tanto, para De Vido es imposible afirmar que conocía las conductas de otros funcionarios y que buscara perjudicar el patrimonio del Estado en beneficio de Trenes de Buenos Aires (TBA). "No existe evidencia ni prueba que acredite que yo conocía el flujo de fondos existentes entre las sociedades", afirmó al referirse al dinero que esta empresa le pagaba a Emprendimientos Ferroviarias S.A. para mantener las unidades, lo que se demostró nunca no ocurría y se prolongaba el mal estado de las unidades.
"Como Ministro me ocupaba de la planificación general a nivel político pero no de ejercer de forma personal las funciones específicas que se encontraban asignadas a otros órganos y funcionarios", argumentó, y agregó: "No podía abocarme a las funciones del secretario de Transporte y de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte. No designé a los Secretarios de Transporte porque esa era una incumbencia del Poder Ejecutivo a través del Presidente de la Nación".
El maquinista
Por otra parte, el exfuncionario responsabilizó por la tragedia a Marcos Antonio Córdoba, el maquinista del tren que chocó. "Omitió aplicar los frenos y solo eso causó el hecho. Yo no conocía a Córdoba, ni sé cómo frenar un tren", expresó De Vido.
El juicio comenzó el 27 de septiembre de 2017 empieza a transitar su instancia final. El 31 de julio se iniciarán los alegatos cuando se retome la actividad judicial, tras la feria de invierno. Y será hacia comienzos de septiembre cuando el Tribunal Oral Federal 4 (TOF 4) integrado por los jueces Pablo Bertuzzi, Néstor Costabel y Gabriela López Íñiguez, dé a conocer su sentencia.
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