Se cumplen tres años de la muerte del fiscal del caso AMIA Alberto Nisman, que la Justicia determinó que fue asesinado, a partir de un peritaje de Gendarmería. Su exesposa Sandra Arroyo Salgado adelantó que podría plantear que su muerte sea declarada como un delito de lesa humanidad. Esto permitiría que no prescriba la investigación.
"Habría que plantear y pensar sobre si este hecho no debiera ser calificado como lesa humanidad, ya que el atentado de la AMIA fue calificado así por el juez de la investigación y la muerte de Nisman esta vinculada con esta investigación que él llevaba adelante", dijo la jueza federal de San Isidro, que es querellante junto a sus hijas.
Nisman fue encontrado muerto con un tiro en la cabeza en el baño del departamento que vivía en la torre Le Parc, en Puerto Madero. El hallazgo se produjo poco después de la denuncia que hizo contra la expresidenta Cristina Kirchner y funcionarios cercanos por encubrimiento a los iraníes acusados por el atentado a la AMIA. De acuerdo al peritaje de Gendarmería la muerte del fiscal se produjo a las 2.46 del domingo del 18 de enero de 2015.
Con fuertes acusaciones a la expresidenta, Arroyo Salgado consideró que "había un doble objetivo". "Uno era silenciar a Alberto Nisman, los que lo conocíamos sabíamos que el único modo de callarlo era matarlo. Segundo, condicionar la actuación de jueces, fiscales y de la sociedad demostrando qué les podía pasar investigando al poder vigente", acusó.
La magistrada calificó la muerte de Nisman como "un magnicidio que cruzó una raya en la Argentina" y dijo que la causa transcurre "en una instancia donde las calificaciones son provisorias". "Creo que habría que repensar si no ocurre algún agravante que califica a los homicidios", dijo Arroyo Salgado sobre la causa a cargo del juez federal Julián Ercolini.
"Habría que replantear el concurso premeditado de dos o más personas ya que el juez habla de un plan criminal" al señalar que el Código Penal -en su artículo 80- "no contempla como agravante de homicidio en el caso de que la víctima sea un juez o fiscal con motivo de su cargo o condición", explicó. "Si algún legislador está escuchando sería muy importante -incorporar esta figura en el Código Penal- porque, con el magnicidio de Nisman, se trazó una raya", dijo la jueza, madre de las dos hijas que tuvo con Nisman.
// La muerte de Nisman: procesaron a Diego Lagomarsino como "partícipe necesario"
Arroyo Salgado acusó que "se usaron los tres poderes del Estado para encubrir un homicidio" y que este caso "encubre graves delitos a los derechos humanos". "El juez y el fiscal estabilizaron el hecho reconociendo que Nisman fue asesinado, que esto fue un asesinato, un crimen de Estado con motivo del trabajo y su función, un plan criminal con intervención de agentes del Estado", afirmó.
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El fiscal había acusado que detrás del Memorando con Irán se escondía un interés espurio de reflotar las relaciones comerciales entre la Argentina e Irán para intercambiar granos por petróleo, algo que finalmente no ocurrió. Para Nisman la maniobra de encubrimiento incluía el intento de hacer caer las circulares rojas de Interpol que todavía pesan sobre cinco ciudadanos iraníes, algo que según el propio fiscal no ocurrió por el desempeño del entonces secretario general del organismo Ronald Noble.
La investigación
En la causa se investiga como homicidio la muerte de Nisman. El juez Ercolini procesó al perito informático Diego Lagomarsino por supuesto "partícipe necesario" de lo que definió como un "plan criminal". Se trata del empleado que le prestó al investigador la Bersa calibre 22 que lo mató. Además lo embargó por $ 15 millones, le prohibió salir del país, dispuso que le colocaran una tobillera electrónica y le impuso fuertes restricciones en sus movimientos.
Además procesó a cuatro custodios de Nisman, a quienes acusó de haber cometido el delito de "incumplimiento de los deberes de funcionario público", por desproteger al fiscal especial del caso AMIA. A los policías federales Rubén Benitez, Luis Miño y Armando Niz los procesó también por el delito de "encubrimiento agravado", por "tratarse de un hecho precedente a un delito grave" y les trabó embargos por $ 500 mil. En tanto, al custodio Néstor Durán lo inhibió por $ 50 mil y solo lo procesó por "incumplimiento de los deberes de funcionario público".
