La Corte Suprema de Justicia se reunió este martes de manera remota y según fuentes consultadas por TN.com.ar seguirá analizando la situación de los camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi y del juez Germán Castelli “ya que no estaba en los planes llegar a una conclusión este martes”.
Se trata de los magistrados que el oficialismo corrió de sus cargos al cuestionar sus traslados durante el gobierno de Mauricio Macri y que investigaron a Cristina Kirchner.
Carlos Rosenkrantz; Ricardo Lorenzetti; Elena Highton de Nolasco; Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti deben decidir respecto a los planteos de los magistrados, que señalan que la maniobra es ilegal.
Tras la decisión de la Corte, los jueces fueron restituidos de manera transitoria pero ahora el tribunal debe definir sobre la cuestión de fondo, es decir, si la remoción es constitucional o no. A Bertuzzi y Bruglia se les otorgó una licencia extraordinaria hasta el 18 de octubre. Se espera que la resolución del máximo tribunal se conozca antes de esa fecha.
La semana pasada los jueces que integran el tribunal aceptaron tratar el recurso de per saltum presentado por los magistrados removidos, que consideraron que era inconstitucional la maniobra que se inició en el Consejo de la Magistratura, luego pasó por el Senado y finalmente se hizo efectiva a través de tres decretos del Poder Ejecutivo.
El Gobierno cuestiona estos traslados al asegurar que no se cumplieron con criterios como el cambio de jurisdicción; mayor jerarquía en los cargos por ocupar; falta de competencia; pliegos sin el aval del Senado y las vacancias se tendrían que haber ocupado con la previa realización de concursos que no se llevaron adelante. Por su parte los magistrados aseguran que el traslado se hizo con la normativa vigente y que una acordada de la Corte avaló que no debían ir al Senado.
El análisis de la Corte se produce en un clima de tensión luego de que el Frente de Todos iniciara una embestida contra el presidente del tribunal, Rosenkrantz. Desde ese sector se promueve un juicio político contra el magistrado. Se lo acusa de mal desempeño y eventuales delitos en el ejercicio de sus funciones.
La presentación fue realizada por la diputada Vanesa Siley.
La respuesta de Rosenkrantz ante el pedido de juicio político
El titular del máximo tribunal respondió con una misiva en la que denunció una “campaña de desprestigio” en su contra a través de acusaciones “infundadas”. Allí mencionó: “Una cosa es un juicio político, que apunta a destituir a un juez por incumplimiento de sus deberes, y otra cosa es el juicio motivado por intereses políticos”.
Rosenkrantz se quejó de que “distintas personalidades” le “atribuyen falsamente inconductas, irregularidades y delitos de distinta naturaleza”.
De esta forma el presidente de la Corte rechazó las acusaciones de Siley y dijo que “son completamente infundadas”, y descartó haber incumplido su deber como funcionario judicial.
“Hace tiempo soy blanco de una persistente campaña de desprestigio en distintas publicaciones y por parte de distintas personalidades. Me atribuyen falsamente inconductas, irregularidades y delitos de distinta naturaleza”, relató en otro tramo del escrito.
