La Comisión Interamericana de Derechos Humanos visitó hoy en la cárcel de Alto Comedero de Jujuy a Milagro Sala. La líder de la Tupac Amaru está presa desde enero de 2016 acusada de extorsión, fraude a la administración pública y asociación ilícita en diferentes causas.
La CIDH había sido invitada por el Gobierno de Mauricio Macri y por el gobernador de esa provincia, Gerardo Morales para analizar la detención de Sala, cuestionada por numerosos organismos internacionales como el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de las Naciones Unidas.
"En su celda, Milagro Sala explica a CIDH los elementos que considera se deben tener en cuenta para resolver la medida cautelar en su favor", aseguró la comisión en su cuenta de Twitter.
Los respresentantes de la CIDH que estuvieron con Milagro Sala fueron el presidente, Francisco Eguiguren; la segunda vicepresidenta, Esmeralda Arosemena de Troitiño; y el abogado especialista en derechos humanos Jorge Meza, quien coordina el Grupo de Protección, encargado de tramitar las solicitudes de medidas cautelares, como es el caso de las solicitadas para Sala.
"Sala está en posición de demandar una respuesta", dijo Toritiño al salir del penal.
"Fue una charla altamente positiva para Milagro", evaluó el abogado defensor de Sala, Luis Paz al término del encuentro que se prolongó por dos horas y media
"Tendremos sesiones en Lima la primera semana de julio y discutiremos con el pleno la solicitud de medida cautelar para Milagro Sala", confirmó Eguiguren.
La líder de la Tupac Amaru fue detenida en Jujuy el 16 de enero del año pasado por una protesta organizada contra Morales, aunque sigue en prisión preventiva por su presunta responsabilidad en causas de fraude contra el Estado y otros delitos.
La investigación apunta al presunto manejo irregular de fondos que con el fin de construir viviendas sociales concedió el Estado a la Tupac Amaru.
Mientras organizaciones sociales y parte de la oposición la consideran una presa política, desde el oficialismo entienden que están dadas las condiciones legales para haberla mantenido en prisión preventiva durante un año y medio. Insisten en que la y que la decisión es meramente competencia de los tribunales.
