Dos propietarios denunciaron y pidieron el desalojo del edificio donde funcionan, por un lado, los tribunales federales de Morón, y por el otro, el juzgado federal de San Martín, según reveló un informe de A dos voces. Así contado parecería uno de los miles de expedientes típicos por ocupación ilegal, aunque los dos casos particularmente tienen algo en común que los hace más que llamativos: el demandado es el Poder Judicial que –según los dueños- dejó de pagar el alquiler.
En Morón el dueño del edificio reclama que no le pagan hace cinco años luego de no haber acordado el precio del alquiler. Jorge Azariu heredó la propiedad de su familia y junto con su padre comenzó a alquilarlo al Poder Judicial. Tres juzgados federales se instalaron en esa jurisdicción, en paralelo con locales comerciales que aún renta.
El edificio está ubicado en Crisólogo Larralde 673 y, desde 2005, se fue alquilando en sucesivos contratos al Consejo de la Magistratura. Pero en 2013 el convenio se rompió ya que el propietario no aceptó el precio que ofrecían desde el Poder Judicial. Desde entonces el dueño acusa la falta de pago que estima en unos 40 mil dólares mensuales. Por esto, Azariu inició una demanda de desalojo tramitada en el juzgado de Rita Ailán.
"El edificio era de mi familia y en un momento un juzgado decidió alquilar una parte del edificio y, ahora, queremos que nos paguen", dijo Azariu a A dos voces. "Primero los intimamos pero como no nos respondieron decidimos hacerle juicio de desalojo", agregó.
Ante la falta de respuestas de la Justicia la Cámara en lo Contencioso Administrativo exhortó a la jueza a dar una respuesta. La Corte Suprema de Justicia, si bien rechazó el pedido, sugirió que el Consejo de la Magistratura busque una solución. En un fallo de este mes, exhortó a esa dependencia a que eleve al Congreso de la Nación un proyecto de ley de expropiación del edificio por ser declarado de utilidad pública.
En San Martín la situación es similar con el inmueble ubicado en San Martín Lorenzo 2374. La propiedad es reclamada por la presidenta y apoderada de la firma Centauro S.A., Graciela Báez, la empresa que figura como titular. Bajo el expediente 049336/2016 se inició una demanda de desalojo por falta de pago desde febrero de 2016.
"Le hice una demanda al poder judicial por desalojo, porque no pagan desde 2016 un inmueble que es de mi propiedad", dijo Graciela Báez. La mujer aseguró que "no tienen ninguna novedad" y que tampoco pueden "vender o alquilar a otro".
La propiedad fue puesta bajo el interés de la Justicia en 1991 por la Superintendencia Administrativa de la Corte Suprema de Justicia de la Nación bajo la resolución 500/91. Los problemas aparecieron cuando tomó intervención el Consejo de la Magistratura: sólo ofrecen el canon que surge de las tasaciones hechas por la Dirección General Pericial de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con el cual intentan fijar el precio de alquiler.
Por la falta de pago, Graciela Báez envió cartas documento al Consejo de la Magistratura y al juzgado federal de San Martín, a cargo de Alicia Vence. Sin tener resultados, inició la demanda de desalojo que aún está sin sentencia.
