La expresidenta de la Nación Cristina Kirchner avisó al Tribunal Oral Federal 2 que la juzga por presunta corrupción en el otorgamiento de obra pública durante su mandato que no irá a la audiencia del lunes. La precandidata a vicepresidenta por el Frente de Todos debe acreditar actividad en el Senado si quiere ausentarse durante la lectura de las acusaciones. Es por esto que la legisladora argumentó que tiene una reunión con el presidente de la Cámara de Diputados de Entre Ríos, Sergio Urribarri.
Desde que empezó el juicio oral, el 21 de mayo, hubo cuatro audiencias. Cristina ya se había excusado de asistir el lunes 3 de junio. En esa oportunidad, aseguró que tenía una reunión de bloque para tratar la impugnación del nombramiento de un juez federal. El miércoles de esa semana, finalmente no hubo quórum en la reunión del senado donde se evaluó el temario.
"Habrá de recibir al presidente de la Cámara Diputados de Entre Ríos Sergio Urribarri", sostiene el escrito que acompañó el abogado Carlos Beraldi. De esta forma, la exmandataria informó que tiene actividad legislativa el lunes en simultáneo con la reanudación del juicio oral y público que se lleva adelante en los tribunales de Comodoro Py, que la tiene como cabeza de la asociación ilícita.
El Tribunal 4, integrado por Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu había señalado que para justificar la ausencia de Cristina en el juicio, la expresidenta debía demostrar que a la misma hora tenía actividad parlamentaria como senadora nacional.
En un primer pedido de autorización se justificó con una reunión con el presidente del bloque de senadores, Marcelo Fuentes. Por otra parte, CFK ya fue autorizada a viajar entre el 2 y el 10 de julio a Cuba a visitar a su hija Florencia, quien está bajo tratamiento médico y dado que en esas fechas no se desarrollará ninguna audiencia.
En el juicio están siendo juzgados Cristina Kirchner y otros 15 implicados por fraude a raíz de la gran cantidad de obra pública vial que se le otorgó a Lázaro Báez. Se trató de una "organización criminal orientada a la sustracción de fondos públicos por medio de la asignación discrecional" de la obra pública, según sostuvieron los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques en el auto de elevación a juicio.
