El detenido exsecretario de Obras Públicas kirchnerista, José López, afirmó que la adjudicación de las obras para ampliar dos gasoductos otorgadas a la empresa Skanska no era competencia de su área, al rechazar las acusaciones en su contra por supuesto cobro de sobornos, en una declaración indagatoria en la que se negó a responder preguntas ante el juez federal Sebastián Casanello, informaron a la agencia Télam fuentes judiciales.
López aseguró que la Secretaría de Obras Públicas no se ocupaba de las licitaciones para ampliar los gasoductos, adjudicados a Skanska. Mañana será el turno de declarar de su jefe, el exministro de Planificación, Julio De Vido.
Por otra parte, dijo López conocer de la Cámara de la Vivienda a quien es sindicado como su testaferro, el contador Andrés Galera.
Esta es la causa más antigua abierta en su contra, y si bien había sido cerrada con sobreseimientos en el 2011 por la sala I de la Cámara Federal porteña, fue reabierta en abril pasado por la instancia superior de Casación, al validar como prueba una grabación telefónica en la que un directivo de Skanska aludía al pago de sobornos.
Al pedir las indagatorias, el fiscal Carlos Stornelli sostuvo que De Vido y López son sospechosos de "cohecho" y de defraudación al Estado nacional mediante el cobro de sobreprecios en la construcción de los gasoductos Sur y Norte, que estuvieron a cargo de Skanska y de las firmas Transportadora de Gas del Sur y Transportadora de Gas del Norte, vinculadas ambas al grupo Techint.
El exsecretario está detenido desde el 14 de junio cuando fue sorprendido con un arma de guerra y bolsos con nueve millones de dólares que intentó ocultar en un monasterio del partido bonaerense de General Rodríguez.
Desde entonces fue procesado por enriquecimiento ilícito y está a disposición del juez federal Daniel Rafecas, quien libró oficio para garantizar mañana su traslado desde la cárcel a los tribunales federales de Retiro para la indagatoria ante Casanello.
La semana anterior, tanto López como De Vido tuvieron que presentarse ante el juez federal Julián Ercolini para declarar en la causa que investiga el presunto direccionamiento de obra pública a favor del detenido empresario Lázaro Báez en Santa Cruz durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner.
También fueron indagados en la causa por defraudación en la construcción de viviendas sociales del programa "Sueños Compartidos", de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, a cargo del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi.
