Lázaro Báez, el hombre fuerte de la obra pública K en Santa Cruz, recibió más de 12.000 millones de pesos solo de Vialidad Nacional, fondos teñidos de irregularidades. Ahora los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques pusieron bajo la lupa a los funcionarios más altos por la responsabilidad de la entrega de fondos: Néstor y Cristina Kirchner.
A través de una presentación ante el juez federal Julián Ercolini, los expresidentes fueron acusados de haber sido el "eje central" de la maniobra de estafa al Estado que denunció la actual gestión de Vialidad. Los fiscales señalaron al matrimonio presidencial como "la cúpula" desde donde se planificó y dirigió lo que denominaron un "plan criminal tendiente a beneficiar con ese profuso canal de recursos a las empresas del Grupo Báez".
Para los fiscales durante los últimos 12 años hubo una "decisión" en lo más alto del Poder Ejecutivo de enriquecer con fondos públicos a Báez, que "paralelamente le garantizaba a los Kirchner ingresos millonarios a partir del alquiler de sus establecimientos hoteleros". Justamente en las causas Hotesur y Los Sauces están bajo la lupa el alquiler de inmuebles de parte de los Kirchner Báez y a Cristóbal López, que para la Justicia sería para el pago de coimas a cambio de favores con contratos del Estado.
Las supuestas pruebas de la acusación a los Kirchner se divide en tres factores:
1) Para los fiscales los Kirchner hicieron entrar en el negocio de la construcción vial al "amigo presidencial", o sea Báez, que fue además su socio. Para los funcionarios, los Kirchner "construyeron" al empresario.
Báez creó Austral Construcciones el 8 de mayo de 2003, poco antes de la asunción de Néstor Kirchner como presidente, el 25 de mayo de ese año. "La empresa tuvo un notable crecimiento: en tan solo 11 años aumentó un 42678%, acusa el escrito.
2) El traslado de hombres de confianza de la provincia de Santa Cruz a la Nación. Un día antes a la asunción de Néstor -el 24 de mayo de 2003- el entonces presidente Eduardo Duhalde creó por decreto el ministerio de Planificación, que ocuparía Julio De Vido, hasta ese momento ministro de Gobierno de la provincia patagónica. Fue a ese ministerio al que se le transfirió la Obra Pública.
El nombramiento de José López, Nelson Periotti y Carlos Santiago Kirchner (primo del expresidente) en las líneas que seguían a De Vido para controlar las obras viales y manejar los fondos multimillonarios. Todos funcionarios de Santa Cruz.
Para los fiscales los mencionados -entre ellos, el detenido exscretario de Obras Públicas K- favorecieron a las empresas del grupo Báez por la falta de controles, pagos preferenciales y licitaciones sospechadas de direccionamiento. En el documento se recuerda que de las 49 obras adjudicadas a Báez solo dos se terminaron en el plazo previsto.
3) El concentramiento de fondos viales en Santa Cruz a través de asignaciones presupuestarias y decretos.
Pollicita y Mahiques indicaron que los Kirchner convirtieron a Santa Cruz en la provincia más beneficiada para garantizar los fondos que enriquecieron a Báez (la provincia patagónica recibió el 11,2% del presupuesto total).
Para los fiscales la maniobra "no hubiera sido posible" sin que Néstor y Cristina "tomaran la decisión política de favorecer a Santa Cruz" con inversiones viales millonarias, otorgaran de fondos a Vialidad y nombraran a funcionarios "de su íntima confianza" para que cumplieran con ellos "el plan criminal diseñado".
