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    En otros medios: Un cambio de régimen

    Por Carlos Pagni para el diario La Nación.

    11 de abril 2013, 10:50hs

    "Al modificar su Carta Orgánica, Cristina Kirchner fijó al Banco Central un nuevo cometido: "Preservar la estabilidad fiscal". ¿Quién podría oponerse? Claro, si hubiera dicho "emitir moneda sin respaldo para financiar el Tesoro", se hubiera advertido que la reforma era aberrante.

    Con el Consejo de la Magistratura sucede algo parecido. En su mensaje al Congreso, la Presidenta propone que los consejeros se elijan con mecanismos "que expresen más fielmente la voluntad popular, fuente de toda soberanía y legitimidad democráticas". Sólo un perverso rechazaría la invitación. Ahora bien, si se recomendara "someter a los jueces al control del partido mayoritario", se advertiría que Cristina Kirchner no auspicia una mutación institucional más: intenta fundar una nueva juridicidad. De eso se trata la reforma judicial del kirchnerismo.

    La idea subyacente a esta remodelación es que los jueces constituyen una rémora oligárquica dentro del Estado democrático. Su poder no deriva del voto directo de la ciudadanía. Y, además, son seleccionados entre graduados de las facultades más tradicionalistas del sistema universitario. Que también ellos sean alcanzados por la onda igualitaria que avanza sobre la vida pública desde hace más de dos siglos parece un progreso objetivo.

    Sin embargo, ese movimiento supondría la renuncia a una conquista estratégica de la civilización occidental. Esa conquista es la capacidad de cualquier ciudadano de oponer al poder una verdad.

    En el núcleo de esta concepción hay un criterio: los resultados electorales son reglas de validez, no criterios de verdad. Es decir, quien gobierna lo hace porque tiene más votos, no porque tenga la razón. Pueden existir mayorías equivocadas. Sobre este principio se asientan el derecho a la crítica, corazón de la libertad de prensa, y la independencia del Poder Judicial.

    Para no caer bajo el imperio de una mayoría ocasional, las sociedades abiertas ponen los derechos de las personas a resguardo de la autoridad derivada del voto. Una de las estrategias para lograrlo es confiar la interpretación de las leyes a una institución que esté menos expuesta a las fluctuaciones electorales: el Poder Judicial. Para esta visión, la naturaleza conservadora de la magistratura no es un vicio. Es una virtud.

    Decir que no existe otra legitimidad que la del voto directo es decir que no hay otra voluntad respetable que la del líder ungido por las urnas. Cristina Kirchner profesa este prejuicio. Sugiere a los periodistas que la contradicen que armen un partido y se presenten en las elecciones. Y a los jueces que le frustraron el famoso 7-D los amenazó con asimilarlos a la Corte que convalidó el golpe del 30.

    Cualquier contradicción al deseo del Poder Ejecutivo conspira contra la democracia. Carlos Menem presumía lo mismo cuando amplió la Corte para imponer una mayoría adicta. Rodolfo Barra, ideólogo del desembarco, escribió en 1989 que ese tribunal debía alinearse con las preferencias que el pueblo expresaba en los comicios.

    Los proyectos que la Presidenta envió al Congreso son vigas maestras de este nuevo orden. Pretenden que los ciudadanos se allanen a la tiranía de una mayoría ocasional en cuyo nombre habla el caudillo. Su primer dispositivo es la elección popular de los representantes de los jueces, de los abogados y de los académicos del Consejo.

    En su artículo 114, la Constitución Nacional establece que en ese instituto debe procurarse "el equilibrio entre la representación de los órganos políticos resultantes de la elección popular, de los jueces de todas las instancias y de los abogados de la matrícula federal". Agrega que "será integrado, asimismo, por otras personas del ámbito académico y científico". Es evidente que los constituyentes distinguieron entre consejeros cuya legitimidad deriva de las elecciones generales y consejeros elegidos por sus pares. Esa discriminación quiso garantizar aquello con lo que el kirchnerismo pretende arrasar: la autonomía del Consejo y, por lo tanto, de la Justicia, respecto de las oscilaciones del electorado.

    Como sostuvieron en 2006 Horacio Verbitsky y Andrea Pochak, del CELS, "la legitimidad de los integrantes del Consejo está dada por diversas fuentes. [?] La legitimidad no proviene únicamente del voto popular". Cuatro años más tarde, el mismo Centro propuso que el organismo se democratice eligiendo a magistrados, abogados y académicos en comicios generales, con sistema D'Hont, pero sólo entre sus pares".

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