En línea con las declaraciones del presidente Alberto Fernández, el nuevo titular del Consejo de la Magistratura Alberto Lugones dijo que no ve "la figura de presos políticos" y que durante el gobierno de Mauricio Macri hubo "abusos de prisiones preventivas". Indicó también que "hay sentencias basadas en testimonios complejos, como testigos comprados".
Integrante de la Cámara Federal de San Martín, se pronunció en sintonía con Fernández, que aseguró que en la Argentina no hay "presos políticos". Luego de cruces entre sus funcionarios y referentes del Frente de Todos, el Presidente dijo la semana pasada que durante cuatro años cuestionó "los procedimientos judiciales y las detenciones arbitrarias de la Justicia, cuando todos los que hoy ponen el grito en el cielo se callaban", en diálogo con radio Continental.
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En esta línea, Lugones afirmó: "No veo la figura de presos políticos, pero sí ha habido abusos de prisiones preventivas, se ha ido demostrando y se ha ido corrigiendo como corresponde a un ámbito de estado de derecho". Dijo que un preso político es privado de su libertad a partir de una decisión tomada "por un poder administrativo que no es el Poder Judicial", que dispone "que una persona, porque no le gusta como piensa o como actúa, vaya preso".
Explicó que cuando interviene la Justicia "hay que ver si hubo excesos o arbitrariedades en los tribunales que intervinieron a los efectos de hacer cesar estas arbitrariedades y volver al principio de que todo ciudadano es inocente hasta que existe una condena forma en su contra", en diálogo con Radio 10.
Por otro lado habló del pedido de investigación para determinar si hubo irregularidades detrás de la declaración como arrepentido de Alejandro Vandenbroele en la causa de la ex-Ciccone Calcográfica, por la que fue condenado el exvicepresidente Amado Boudou. De acuerdo a una nota de El Destape Vandenbroele recibió plata del gobierno anterior para financiar un emprendimiento turístico, tras su declaración como arrepentido.
En este sentido, Lugones fue consultado sobre sus declaraciones a La Nación, en una entrevista en la que dijo que "hay sentencias basadas en testimonios complejos, como testigos comprados, como pasó en el caso Boudou". Indicó que "si el testigo arregló su precio para declarar en contra de alguien esa sentencia deberá ser investigada, a ver si debe ser mantenida en el tiempo o justifica algún tipo de nulidad o recurso de revisión ante tribunales superiores". Consideró que ese mecanismo "hace a la salud de las instituciones de la República" y que "no hay que asustarse de que las sentencias puedan ser revisadas".
