El juez Roberto Gallardo, que suspendió por "razones de seguridad" la actividad en la Ciudad de las empresas de delivery como Rappi, Pedidos Ya y Glovo, defendió su resolución y, sin mencionarlo, se diferenció del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, que había cuestionado su decisión. "No generan empleo, generan ocupación, un ingreso, pero bajo una relación abusiva e ilegal", sostuvo en diálogo con TN.
// Rodríguez Larreta criticó al juez que suspendió las apps de delivery: "Sus fallos son políticos"
"Rige una medida cautelar que prohíbe el funcionamiento de estas empresas en estas condiciones, porque no se adecúan al marco legal vigente. Estas firmas que vinieron no quieren ajustarse a lo que la ley dice, quieren un marco específico, que es que cada uno se arregle como pueda", explicó el magistrado.
El fallo fue a partir de la aceptación de una medida cautelar de la Asociación Sindical de Motociclistas Mensajeros y Servicios, en la que el gremio pidió la regularización del servicio de mensajería. El juez recordó que las empresas de delivery incumplieron con la resolución de la Cámara de Apelaciones del pasado 10 de julio, que les dio 48 horas para presentar una lista completa de su personal y la constancia de haberles entregado los dispositivos de seguridad vial exigidos por la ley.
Según explicó el Juez, a los trabajadores que reparten en la Ciudad se les debe entregar un casco; materiales para poder ser identificados de noche; libreta sanitaria y evitar que la mochila esté pegada al hombro ya que es difícil maniobrar de esa manera.
La resolución provocó que Rodríguez Larreta cuestionara la medida al señalar que estas empresas "generan mucho trabajo" y dejara entrever que las resoluciones de Gallardo "son políticas". Sin embargo, el magistrado no lo consideró así. "Las empresas no quieren acatar la ley. No es empleo, genera ocupación, genera un ingreso, pero es bajo una relación abusiva e ilegal. Un taller clandestino textil también genera un ingreso, le pagan a la gente pero con ese criterio yo diría: 'No se puede clausurar un taller clandestino'".
Por otra parte, el magistrado aseguró que hace más de un año pidió conocer el listado de personas que trabaja en el sistema de delivery, lo que nunca le fue entregado. "Las personas trabajan en términos informales, precarizados, nadie tiene un control. Pedí que me entreguen la lista del personal afectado y no la tengo, tampoco la tiene el gobierno de la Ciudad, entonces no se puede controlar absolutamente nada", cuestionó.
