El megacaso de corrupción de la empresa brasilera Odebrecht sigue sumando nombres a una lista enorme. La Justicia incluyó en la investigación a Jorge "Corcho" Rodriguez, expareja de Susana Giménez, de quien se sospecha fue uno de los representantes de la empresa ante los funcionarios del ministerio de Planificación de la gestión kirchnerista.
El fiscal federal Franco Picardi requirió que se establezca si hubo visitas de Rodríguez al Ministerio de Planificación Federal que conducía Julio De Vido en el período en el que gobernó Cristina Kirchner.
El funcionario judicial pidió que se informe "si Jorge Rodríguez, Javier Sánchez Caballero, así como los representantes y sujetos vinculados con las empresas integrantes del consorcio ganador (Iecsa, Odebrecht, Comsa Empresa Constructora, Ghella SPA)" están informados en el registro de ingresos de alguna área de Planificación entre 2005 y 2014.
También, si hubo audiencias concedidas a los ganadores de esa licitación para el soterramiento del Sarmiento con funcionarios de Planificación y otras áreas, como Ministerio del Interior y Economía. El funcionario judicial amplió la investigación por supuesto pago de coimas en el soterramiento del tren Sarmiento.
Picardi otras 17 medidas de prueba relativas a exfuncionarios de Planificación de la Nación, directivos locales de Odebrecht y de la empresa Iecsa, en tanto la Procuración General de Brasil pidió confidencialidad a su par argentina sobre la información que le remitirá sobre el caso. A la Jefatura de Gabinete de la Nación se le pidió un detalle de pagos hechos en esos años para la obra de soterramiento.
También, la Procuración General de Brasil reclamó a su par argentina que se mantenga la confidencialidad de la información que se envíe al país desde el 1 de junio próximo en relación al pago multimillonario de sobornos por parte de la empresa constructora Odebrecht. En un oficio enviado a la procuradora Alejandra Gils Carbó, la Procuración pidió que se mantenga "el sigilo" en relación "a todas esas pruebas" referidas a actos ocurridos fuera de Brasil, según el texto en portugués al que accedió Télam.
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El fiscal que está detrás del caso pidió además también que se realice un estudio técnico del expediente de la licitación del soterramiento en las que participaron las empresas citadas de manera directa o indirecta por parte de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA).
A la Dirección Nacional de Migraciones se le requirió un informe de salidas y entradas del país de Jaime, Vázquez, José López, Jorge Rodríguez, Javier Sánchez Caballero, Fernando Migliaccio Da Silva y los demás directivos y autoridades de la empresas investigadas, entre ellas Iecsa, en ese momento perteneciente al primo del presidente Mauricio Macri, Ángelo Calcaterra.
Se requirió informes patrimoniales amplios sobre Jaime y Vázquez y sus familiares directos y que se pida a Investigaciones Patrimoniales de la Policía Federal un "análisis del entramado societario de las empresas que compitieron en la licitación" del soterramiento. Picardi pidió a la AFIP listados de directivos y empleados en relación de dependencia del consorcio ganador y sus salarios.
