Por la deuda impagable con el Banco Nación (BNA), el presidente Alberto Fernández decidió la intervención de Vicentin y ya preparó un proyecto de ley para que el Congreso apruebe la expropiación de la empresa.
// El Gobierno interviene el Grupo Vicentin y busca la expropiación
El jefe de Estado designó a Gabriel Delgado como interventor por los próximos 60 días corridos para "asegurar la continuidad de las actividades de la empresa, la conservación de los puestos de trabajo y la preservación de sus activos y patrimonio", pero su idea es que la empresa termine siendo estatal.
Para eso, Fernández tomó la propuesta que le acercó la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti para conseguir transformar la empresa en un activo valioso del Estado en el sector agroexportador.
En esa línea, el Presidente adelantó: "Estamos mandando al Congreso una ley de expropiación del Grupo Vicentin para que el Estado se haga cargo. Todos los activos del grupo van a pasar a formar parte de un fondo fiduciario y le encomendaremos la gestión de ese fondo a YPF Agro".
En el decreto de intervención, el Gobierno recordó que la empresa se presentó el 10 de febrero de 2020 en concurso preventivo "con una deuda denunciada de $99.345.263.086,50 reclamada por 2 mil acreedores.
Entre los principales acreedores se encuentran el Banco Nación, Banco Provincia, Banco Ciudad, Nuevo Banco de Santa Fe, Nuevo Banco de Entre Ríos, BICE, Banco Macro, Banco Itaú y Banco Hipotecario.
La Casa Rosada recordó además que la Justicia investiga a las anteriores autoridades del Banco Nación por el presunto delito de defraudación por aprobar el préstamo a la empresa que resultó impagable.
Vicentin es una agroexportadora clave para el Gobierno: es la tercera del sector entre las de mayor exportación de productos, con 8,4 toneladas de alimentos vendidos, es decir un 9% del mercado.
El camino hacia el Congreso
El debate en el Congreso no será fácil. Si bien en Diputados podría ser aprobada, en el Senado habría mayor resistencia de la oposición, como quedó demostrado en la última sesión, cuando no quiso dar quorum.
En este sentido, los legisladores de Juntos por el Cambio ya adelantaron su posición: se opondrán a la medida anunciada por el Gobierno y votarán en contra del proyecto. "El Estado sólo puede intervenir empresas con una ley del Congreso, que por ahora no existe", manifestaron en un comunicado.
Según el artículo 17 de la Constitución, el Estado puede expropiar una propiedad, en este caso una empresa, "por causa de utilidad pública", pero "debe ser calificada por ley y previamente indemnizada".
La indemnización en este caso sería equivalente en parte a la deuda que Vicentin tiene con el Banco Nación. En las dos Cámaras, el proyecto enviado por el Gobierno necesitaría de mayoría simple. Pero antes la discusión comenzará en las comisiones. Allí, la oposición mostrará sus cartas.
