Los empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa enfrentaron este jueves su primer juicio oral por corrupción. Ambos fueron procesados por la deuda de $8.000 millones que la firma Oil Combustibles contrajo con la AFIP al no pagar durante años el Impuesto a la Transferencia de los Combustibles (ITC). Están acusados por el delito de administración fraudulenta agravada, al haber cometido un perjuicio contra el Estado. En el banquillo de los acusados también estará el extitular del ente recaudador, Ricardo Echegaray.
En la primera audiencia, el empresario escuchó las acusaciones en su contra y mostró un look diferente al que tenía antes de ingresar a prisión: pelo corto y barba. La lectura se reanudará el jueves 27.
El Tribunal Oral Federal 3 (TOF 3) integrado por los jueces Fernando Machado Pelloni, Javier Ríos y Andrés Basso comenzó a juzgar a los dueños del Grupo Indalo y al extitular de la AFIP después de las 11. El fiscal ante el TOF fue Juan García Elorrio y durante las audiencias, que durarán aproximadamente cinco meses, pasarán más de 30 testigos.
La investigación estuvo a cargo del juez Julián Ercolini y el fiscal Gerardo Pollicita. Durante la instrucción se consideró que López y De Sousa usaron los millonarios fondos que no le pagaron al Estado para expandir su conglomerado de empresas.
De acuerdo a la pesquisa, los dueños del Grupo Indalo solo tributaron el impuesto durante siete meses. La resolución, además, indicó que se "instrumentó una compleja maniobra de corrupción perpetrada dentro y fuera de la AFIP".
Echegaray habría diseñado un plan irregular de facilidades de pago y, a su vez, nunca exigió que se abone el impuesto. El Gobierno reclama una deuda que supera los $ 17.000 millones a través de una demanda civil que será parte del juicio.
Con el juicio en pleno desarrollo, se incorporará una prueba relevante que solicitó Cristóbal López y el ex funcionario K: una pericia contable para determinar si hubo discrecionalidad en la adjudicación de planes de facilidad de pago a favor de Oil Combustibles. Por otro lado, se sumará una pericia impulsada por la AFIP para especificar el perjuicio económico ocasionado al Estado al no ingresar durante casi dos años, el pago del ITC.
