"Una persona tiende de arrepentirse cuanto siente que puede ir presa", dijo el fiscal federal Carlos Rivolo sobre Alejandro Vandenbroele, el presunto testaferro de Amado Boudou que decidió declarar como imputado colaborador varias causas que involucran al ex vicepresidente K.
Rivolo, que fue el primer fiscal en investigar la causa de la venta de la ex Ciccone Calcográfica, consideró que "cualquier cosa que Vandenbroele vaya a sostener va a ser importante". Aunque aclaró: "Las pruebas que sume tienen que ser útiles y tener un rango de responsabilidad propia de quien declara y hacia arriba, con lo cual habrá que ver qué es lo que dice".
El ex vicepresidente K es juzgado por cohecho y negociaciones incompatibles con la función pública junto con el presidente de The Old Fund Vandenbroele, su amigo y socio José María Núñez Carmona, el exfuncionario de Economía Guido Forcieri y el exfuncionario de la AFIP Rafael Resnick Brenner.
Rivolo consideró además que tanto las detenciones de Boudou como de Núñez Carmona -en la causa que investiga el delito de asociación ilícita y enriquecimiento ilícito- pudieron haber influido en la decisión que tomó Vandenbroele.
"Quien adopta esa decisión (de ingresar al programa de Protección de Testigos), además de todos los riesgos que puede tomar vinculado con su círculo propio y a su círculo familiar, toma un riesgo muy importante si lo que quiere hacer es desviar la investigación", advirtió el fiscal en una entrevista con radio Continental.
Presidente de la Asociación de Fiscales, Rivolo impulsó en 2012 la investigación de la causa por irregularidades en la venta de la imprenta Ciccone hasta que el juez Ariel Lijo resolvió unificar dos expedientes contra el ex vicepresidente en su juzgado y derivar la investigación a la fiscalía de Jorge Di Lello.
La Ley del Arrepentido establece que el imputado que colabore con la investigación podrá conseguir una reducción de pena, negociada previamente con la fiscalía, toda vez que en el proceso judicial se constate la veracidad de la información aportada.
Di Lello o Lijo tendrán hasta un año para "corroborar el cumplimiento de las obligaciones que el imputado arrepentido hubiera contraído en el marco del acuerdo, especialmente la verosimilitud y utilidad, total o parcial, de la información que hubiera proporcionado".
