La falta de definición acerca de 46 autos, entre ellos uno de Cristina Kirchner, que pertenecen a los procesados en la causa que investiga el direccionamiento de la obra pública en favor de Lázaro Báez e iban a pasar al Estado para otorgarles un fin social, reavivó el debate acerca de la necesidad de una ley de extinción de dominio.
// Corrupción K: los 46 autos de Cristina Kirchner y de exfuncionarios nunca llegaron al Estado
La Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) había sido nombrada depositario judicial de los vehículos por orden del juez Julián Ercolini pero una acordada de la Corte dispuso el uso de los mismos, tal como reveló este sitio. Ahora el organismo requirió que se esclarezca su situación y en diálogo con TN.com.ar, su titular, Ramón Lanús, pidió que el Senado trate la iniciativa que busca recuperar bienes obtenidos a través de la corrupción, el narcotráfico y el lavado de dinero -que ya obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados- antes de que pierda estado parlamentario a fines de este año.
¿En qué estado se encuentra la Agencia con respecto a los 46 autos de procesados en la causa por direccionamiento de la obra pública?
En orden cronológico, el Juez (Julián) Ercolini nos nombró depositario judicial de los autos, pero en el camino salió la acordada de la Corte Suprema de Justicia que cambió la manera en que los jueces deben administrar estos bienes. No les deja libertad de acción, sino que establece que son ellos (por el máximo tribunal) los que deciden el destino de las unidades. La acordada nos imposibilitó de llevar adelante lo que habíamos planeado inicialmente y nos presentamos ante el Juzgado para que nos liberen como depositarios judiciales. Fue una forma de clarificar la situación.
¿Hubo respuesta del juez Ercolini?
No, todavía.
¿Qué solución encuentra desde la ABBE para esta clase de situaciones?
Yo creo que es una oportunidad desperdiciada y hay que apurar el tratamiento de la ley de extinción de dominio. La ley que nosotros establecimos tiene reglas claras para administrar estos bienes. Hoy en día los jueces quieren algo, la Corte establece otra cosa y los muebles podrían estar prestando algún servicio. Nos da pena esta situación que se prolonga desde hace dos años.
El 24 de junio de 2016, la Cámara de Diputados aprobó la ley de extinción de dominio, que prevé que el Estado pueda disponer de los bienes y activos provenientes de actos ilícitos sin necesidad de una condena firme. El proyecto fue impulsado por el Frente Renovador y obtuvo el apoyo de Cambiemos. Los 50 votos en contra surgieron, en su mayoría, del bloque del Frente Para la Victoria.
¿Piensa que el proyecto puede perder estado parlamentario?
Me preocupa, y además, me pregunto qué hacen los senadores que son mayoritariamente de la oposición que no quieren aprobar este proyecto de ley.
Una de las modificaciones que podría hacerse al proyecto es que solo abarca bienes generados a través del narcotráfico, y no de la corrupción. ¿Apoyaría de igual modo la iniciativa?
No hay razón por la cual esto aplique para un delito y no para el otro. En todo caso que abarque los bienes involucrados en una causa de narcotráfico es mejor que nada, pero no entiendo a quienes dicen que es inconstitucional para la corrupción, pero constitucional para el narcotráfico. Es más coherente los que creen que esta ley afecta el derecho a la propiedad para ambos casos.
¿Por qué algunos senadores no quieren tratar el proyecto?
Me resulta muy raro que no todos tengan la necesidad de recuperar para los argentinos los muebles que se obtuvieron de forma ilegal. Hay una ley que se sancionó en Diputados, sin embargo no avanza en el Senado. Estamos discutiendo que el aborto tiene que pasar por cuatro comisiones y esta ley no tiene la misma presión social.
Miguel Ángel Pichetto, jefe de la bancada Argentina Federal, se refirió al proyecto durante el último informe de gestión del jefe de Gabinete Marcos Peña y descartó acompañar la iniciativa. “No tiene garantías, es una ley que está hecha para narcotráficantes. No demonicemos, hagamos las cosas de forma razonable”, expresó.
¿A la sociedad no le importa recuperar los bienes de la corrupción?
Se perdió atención sobre el tema. No olvidemos que la aprobación en Diputados coincidió con el caso de los bolsos de (José) López que puso en evidencia la corrupción de manera grotesca. El Senado aprovechó esta situación de pasividad para dormirlo por dos años. Por qué no generaron un proyecto alternativo en este tiempo, tuvieron dos años para hacerlo, o plantear modificaciones, pero tal vez están preocupados porque ellos o sus amigos puedan perder bienes.
¿Piensa que pueden no votarlo para favorecer a exfuncionarios involucrados en causas?
Me duele pensar que senadores de la nación pueden estar siendo cómplices de una situación así.
