Amado Boudou fue condenado a pagarle un poco más de un millón y medio de pesos a Antonio Ángel Tabanelli, titular de la empresa Boldt, por haberlo tratado de "mafioso". Lo resolvió el Juzgado Civil Federal 1, en relación a la denuncia que realizó el empresario contra el exministro de Economía, en 2014, dos años después de los dichos y con varios intentos fallidos para que se retracte.
Según Boudou, que ya fue condenado por el caso Ciccone y está preso en el penal de Ezeiza por el delito de cohecho, Boldt lo presionó con el objetivo de quedarse con el negocio de la calcográfica. La empresa tiene negocios vinculados con bingos y hoteles, pero también se dedica a la imprenta.
Cuando el escándalo de Ciccone se conoció, en 2012, el ex vicepresidente kirchnerista acusó a Tabanelli de haber montado una maniobra para inculparlo. De hecho, en una conferencia de prensa que hizo en el Senado advirtió que el "problema no es Ciccone, sino Boldt".
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Boudou añadió que el entonces titular de la Bolsa de Comercio, Adelmo Gabbi, le había recomendado que se juntara con los dueño de Boldt y que le "pusiera precio" para terminar con el conflicto por Ciccone. Fue entonces cuando el exfuncionario lo tildó de "mafioso".
La jueza Bracamonte analizó el caso, repasó lo que había sido aquella conferencia de prensa y estableció que resulta "evidente que las expresiones de Boudou (esto es, la calificación pública de "mafioso" y la denuncia de una supuesta maniobra de ofrecimiento de dádivas) tuvieron sobrada entidad para lesionar el honor de Tabanelli, en especial si se pondera el contexto en el cual fueron realizadas tales manifestaciones (conferencia de prensa oficial de uno de los representantes de más alta jerarquía del Estado, en sede del Honorable Senado de la Nación y transmitida por cadena nacional).
La jueza también rechazó los argumentos en torno a la libertad de expresión de Boudou. "La calidad de funcionario público de tan alta jerarquía no amerita que su conducta sea analizada desde una óptica más laxa o tolerante (como resultaría de aplicar la doctrina de la Real Malicia), sino más estricta. Esa conclusión no es caprichosa, sino que se sustenta en lo dispuesto por el art. 902 del Código Civil derogado, que establece que 'cuando mayor sea el deber de obrar con prudencia y pleno conocimiento de las cosas, mayor será la obligación que resulte de las consecuencias posibles de los hechos'", detalló el fallo.
