El Senado se prepara este viernes para una jornada clave. En las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Justicia y Asuntos Penales, el oficialismo buscará conseguir dictamen para el Presupuesto 2026 y la reforma del Régimen Penal Tributario, dos proyectos que ya cuentan con la media sanción de Diputados.
La discusión comenzará a las 9, cuando se constituya la comisión de Justicia y Asuntos Penales para avanzar con el dictamen de la iniciativa conocida como “Inocencia Fiscal”. Una hora más tarde, a las 10, será el turno de la comisión de Presupuesto y Hacienda, que buscará emitir dictamen del Presupuesto 2026, con la intención de llevar ambos temas al recinto en una sesión prevista para el 26 de diciembre.
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El Gobierno logró la media sanción de los dos proyectos en la Cámara Baja, pero en medio de un clima de fuerte tensión entre el oficialismo y los bloques aliados. En particular, el texto del Presupuesto que llegó al Senado no incluye la derogación de las leyes de Financiamiento Universitario y de Emergencia en Discapacidad, dos puntos que el Ejecutivo considera incompatibles con su objetivo de equilibrio fiscal.
La Libertad Avanza logró mostrar capacidad para construir mayorías, pero también quedó expuesta la fragilidad de algunos acuerdos con gobernadores y bloques aliados, especialmente en los artículos más sensibles del Presupuesto.
En la Cámara Alta, el panorama aparece aún más complejo. El oficialismo buscará acelerar los tiempos para cumplir con el calendario que impulsa la Casa Rosada, aunque admite en privado que reunir los votos necesarios no será sencillo.
Un dictamen sin cambios y un debate condicionado
La comisión de Presupuesto y Hacienda, presidida por el libertario Ezequiel Atauche, escuchará este viernes a funcionarios del equipo económico. Expondrán el secretario de Hacienda, Carlos Guberman; las subsecretarias de Ingresos Públicos, Claudia Balestrini, y de Coordinación Fiscal Provincial, Valeria Sánchez, y el subsecretario de Presupuesto, Rodrigo Cabado.
Si bien en el Congreso aseguran que el dictamen respetará el texto aprobado en Diputados, para que luego el presidente Javier Milei decida si lo veta o veta algunos artículos, en Casa Rosada evalúan incorporar los cambios en el Senado, aunque eso signifique que el proyecto deba regresar a la Cámara Baja para ser aprobado.
La mesa política libertaria también analiza la posibilidad de reintroducir los artículos rechazados por la Cámara Baja, que incluían no solo las derogaciones de las leyes de universidades y discapacidad, sino también cambios vinculados a deudas del sector energético, zonas frías y la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires. Pero hay un debate legal que debe ser saldado respecto de si puede hacerlo.
Si el Senado aprueba el proyecto tal como está, el Presupuesto se convertirá en ley y el Gobierno deberá resolver cómo instrumenta normas que hoy están vigentes y que, según su mirada, no cuentan con financiamiento definido. En el Ejecutivo sostienen que el texto aprobado no refleja la hoja de ruta fiscal que impulsan desde el inicio de la gestión.
Inocencia fiscal, la otra apuesta del oficialismo
Antes del debate presupuestario, la comisión de Justicia y Asuntos Penales buscará emitir dictamen sobre la reforma del Régimen Penal Tributario. El proyecto, que obtuvo media sanción en Diputados, propone un cambio profundo en los criterios para configurar delitos de evasión y en los mecanismos de fiscalización.
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La iniciativa eleva de manera significativa los montos a partir de los cuales se considera que existe evasión. El piso para la evasión simple pasa de $1,5 millones a $100 millones, mientras que la evasión calificada se fija en $1000 millones. Además, incorpora un régimen simplificado de Ganancias para personas humanas con patrimonios de hasta $10.000 millones, que limita la capacidad del Estado de investigar variaciones patrimoniales dentro de ese umbral.
Desde el oficialismo, el proyecto es presentado como una herramienta para formalizar ahorros -es decir, para que los argentinos saquen los dólares de abajo del colchón-, incentivar la remonetización de la economía y reducir la conflictividad tributaria. La oposición, en cambio, cuestionó con dureza el alcance de la reforma y advirtió sobre sus efectos en el control fiscal.
