En la madrugada de este jueves, cuando el Presupuesto 2026 todavía no había sido aprobado y la Cámara de Diputados comenzaba con la votación en particular, la oposición se enteró de un acuerdo ya cerrado para designar a los tres auditores generales de la Nación.
La novedad irrumpió apenas una hora antes de la votación del artículo 75 del Presupuesto, con el que el Gobierno buscaba derogar las leyes de Financiamiento Universitario y de Emergencia en Discapacidad.
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El dato tomó por sorpresa a bloques que, hasta ese momento, venían acompañando al oficialismo: el PRO, la UCR, el MID, sectores de Provincias Unidas e incluso Miguel Ángel Pichetto, de Encuentro Federal, cuya presencia fue clave para alcanzar el quórum que permitió habilitar la sesión.
La maniobra expuso un déficit de cálculo político por parte del oficialismo, que eligió avanzar con una decisión sensible en medio de una votación trascendental y con aliados circunstanciales sentados en sus bancas.
El resultado fue doble: por un lado, la designación de los integrantes de la Auditoría General de la Nación (AGN); por otro, la caída del capítulo del Presupuesto 2026 que incluía, entre otros puntos, la derogación de las dos leyes que el Congreso había insistido tras los vetos presidenciales.
La jugada llevó la firma del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y del jefe de bloque de La Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni.
El PRO denunció una violación a la Constitución Nacional al considerar que la designación de los auditores se realizó fuera del temario de las sesiones extraordinarias.
“Esta objeción fue primeramente advertida al oficialismo de manera informal, luego en el recinto y finalmente lo expresamos cuando se intentó consumar esta violación constitucional. Esto fue debidamente asentado en el diario de sesiones”, expresó el partido de Mauricio Macri en un documento.
En ese mismo comunicado, agregaron: “El artículo 63 de la Constitución Nacional es claro: durante las sesiones extraordinarias el Congreso solo puede tratar los asuntos incluidos en la convocatoria del Poder Ejecutivo. La designación de autoridades de la AGN no fue incluida en dicho temario. No fue el PRO el que quiso discutir cargos, fue el oficialismo junto al kirchnerismo”.
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Los auditores designados para representar a la Cámara de Diputados en el órgano de control fueron Mónica Almada —propuesta por LLA, pese a su pasado en el radicalismo y el PRO—; el camporista Juan Ignacio Forlón, de Unión por la Patria (UxP); y Pamela Calletti, referente del gobernador salteño Gustavo Sáenz, quien hasta el 9 de diciembre pasado fue diputada y jefa del bloque Innovación Federal.
La votación arrojó un amplio respaldo: 186 votos afirmativos y tres abstenciones —Carlos Jaime Quiroga y Nancy Picón Martínez, de Producción y Trabajo de San Juan, y Francisco Morchio, de La Libertad Avanza—.
No hubo votos negativos, ya que los diputados que rechazaban la medida se retiraron del recinto antes de la definición, dejando en evidencia el entendimiento entre los dos bloques con mayor número de bancas: el oficialismo libertario y el peronismo.
Cristian Ritondo y el resto de los diputados del PRO abandonaron la sesión. “La falta de códigos, de respeto por los compromisos asumidos, corre por cuenta de La Libertad Avanza”, reprocharon.
El impacto político fue inmediato: al caerse el tratamiento del capítulo 11 del Presupuesto 2026, también se desplomó el artículo referido a los fondos para la Ciudad de Buenos Aires por la deuda de coparticipación que la Nación mantiene con la gestión de Jorge Macri, un punto que el PRO había negociado a último momento, el martes, con el ministro del Interior, Diego Santilli.
Desde el MID, el diputado Eduardo Falcone explicó en declaraciones a TN que “sorprendió la movida en el debate” y que a modo de solidaridad con el jefe del interbloque, Cristian Ritondo, y abandonaron el recinto.
Más tarde, el espacio emitió un comunicado en el que sostuvo que “no hay crecimiento ni desarrollo posibles al margen de la Constitución Nacional, la forma republicana de gobierno y el respeto irrestricto por la institucionalidad”.
También hubo cuestionamientos desde el radicalismo. La diputada bonaerense del monobloque Adelante Buenos Aires, Karina Banfi, denunció en redes sociales “el pacto entre La Libertad Avanza y los kirchneristas para repartir los cargos de la AGN a las 3 de la mañana. Esa no la vi venir”.
Y agregó: “Este acuerdo se hizo a espaldas del recinto del Congreso. Esto se escuchó y en algún momento el presidente Javier Milei dijo que no hacía pactos con Fuerza Patria y ahí está el pacto”.
Mientras se sucedían esas críticas, Martín Menem avanzó rápidamente con la toma de juramento a los tres auditores.
Los cordobeses de Provincias Unidas también salieron al cruce. “Después de una jornada extenuante que volvió a exponer la degradación de la política —y del Congreso en particular—, a las 3 AM y fuera de toda agenda apareció el acuerdo entre el kirchnerismo y LLA para repartirse cargos en la Auditoría General de la Nación”, planteó la diputada Alejandra Torres.
En ese sentido, agregó: “Otra muestra de que el Gobierno no entiende que la calidad de la gestión pública importa. La pregunta que cabe hacerse es: ¿con auditores designados de esta manera vamos a mejorar la transparencia del Estado?”
Desde distintos sectores, entre ellos el PRO, ya anticiparon que llevarán el tema a la Justicia. El proceso judicial llevará tiempo, pero el impacto político ya está en marcha.
El oficialismo deberá evaluar los daños colaterales de una sesión que profundizó la grieta con aliados clave, en un contexto en el que, durante las sesiones extraordinarias, deberá enfrentar el debate de la Reforma Laboral si finalmente el Senado la aprueba.
Menem y Bornoroni saben que, para ese desafío, necesitarán los votos del PRO, la UCR, el MID y otros espacios golpeados por la última sesión. De eso también tomaron nota en la Casa Rosada.
