El kirchnerismo en el Senado cuestionó la conformación de las autoridades de las cuatro comisiones creadas para debatir los proyectos de Modernización Laboral y las modificaciones a la Ley de Glaciares, al advertir que no se respetó la proporcionalidad entre los bloques parlamentarios. Según José Mayans, el jefe de la bancada de Unión por la Patria (UxP), la integración vulnera el reglamento de la Cámara y anticipó que llevarán el caso a la Justicia para frenar el avance de la reforma laboral.
UxP cuenta con 28 senadores, mientras que La Libertad Avanza tendrá 21 legisladores una vez que asuma Enzo Fullone, en reemplazo de la renunciante Lorena Villaverde. Pese a esa diferencia, el oficialismo y sus aliados avanzaron con la designación de las autoridades de las comisiones, lo que derivó en fuertes cruces durante la jornada.
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Uno de los momentos de mayor tensión se produjo con la designación de Patricia Bullrich al frente de una comisión clave. Mayans protagonizó un fuerte enfrentamiento con la ministra, cuando se sentó junto a ella en la cabecera, desconociendo la conducción votada por el resto de los senadores.
El titular del bloque de UxP adelantó que recurrirán a la Justicia por las irregularidades en la integración de las comisiones. “Hasta ahora es atropello e ir para adelante, vamos a ir a la Justicia, esto no se puede hacer, esto no es el Estado de Derecho”, afirmó. Además, remarcó que el pleno del Senado nunca facultó a la vicepresidenta Victoria Villarruel a conformarlas, por lo que esa atribución corresponde a los senadores. “UxP nunca fue consultado y llevaron a la vicepresidenta a violar la Constitución Nacional, el reglamento del Senado y cayó en las telarañas de Patricia Bullrich”, sostuvo.
Consultado sobre la iniciativa del Gobierno, el senador por Formosa calificó al proyecto de reforma laboral como inconstitucional. “Avasalla el derecho de los trabajadores. Cuando esta ley se sancione habrá que decir ‘sí, patrón’”, expresó.
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Al avanzar con la conformación de las comisiones de Trabajo, Presupuesto —que quedó a cargo del libertario Ezequiel Atauche—, Recursos Naturales —presidida por la chubutense Edith Terenzi— y Energía y Minería —encabezada por el radical Flavio Fama—, el peronismo cuestionó cada designación y anticipó su judicialización. “Quienes pertenecemos al peronismo estamos viviendo un atropello, sentimos degradada la representación de nuestras provincias. La composición de las comisiones está gravemente vulnerada”, advirtió la mendocina Anabel Fernández Sagasti. En la misma línea, Martín Soria aseguró: “No vamos a convalidar esta vulneración totalmente compulsiva y arbitraria del reglamento y la Constitución”.
Desde el Senado, una autoridad con años de experiencia parlamentaria consideró que la salida al conflicto debería surgir del propio cuerpo legislativo, mediante la aprobación en una próxima sesión de las decisiones adoptadas por el oficialismo y sus aliados en la reunión de Labor Parlamentaria del último martes.
Ese encuentro fue encabezado por Victoria Villarruel y contó con la participación de los jefes de bloque, incluida Patricia Bullrich por La Libertad Avanza. Allí se expuso que 44 senadores alcanzaron un acuerdo para integrar las comisiones, dejando afuera a los 28 legisladores de UxP, conformados por el kirchnerismo, Convicción Federal y el Frente Cívico de Santiago del Estero, que además constituyeron el interbloque denominado “Popular”.
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En el acta de Labor Parlamentaria se dejó constancia del acuerdo alcanzado por los bloques LLA, UCR, Frente PRO, Moveré por Santa Cruz, Frente Renovador de la Concordia Social, Provincias Unidas, Frente Cívico de Córdoba, Primero los Salteños, La Neuquinidad, Independencia y Despierta Chubut para la integración de las comisiones de Trabajo y Previsión Social, Presupuesto y Hacienda, Ambiente y Desarrollo Sustentable, Justicia y Asuntos Penales —con 12 miembros— y Minería, Energía y Combustibles —con 13 integrantes—.
El rechazo a esa propuesta fue planteado por Juliana Di Tullio, quien se retiró de la reunión una vez finalizada. Las consecuencias se extendieron a este miércoles, cuando se definió la composición de los ámbitos donde deberán firmarse los dictámenes, y se ratificó la decisión del peronismo de judicializar lo resuelto por el oficialismo.
El debate en comisión
La discusión se inició con la exposición de los funcionarios del Gobierno. El secretario de Trabajo, Julio Cordero, y la subsecretaria de Política Industrial del Ministerio de Economía, Daniela Ramos, defendieron el proyecto. “Argentina está despegando hacia una actividad económica formidable y necesita estos instrumentos claros para dar el derecho al trabajo. Este proyecto está pensado para las pymes, para los jóvenes que quieren ingresar al mundo del trabajo y para beneficio de todos”, sostuvo Cordero.
El funcionario agregó que “para que haya una persona trabajando alguien tiene que contratarla” y remarcó que “la imposición no forma parte de la libertad de la contratación”, por lo que consideró necesario establecer reglas claras que fomenten el empleo y eviten el estancamiento.
Por su parte, Ramos señaló que la iniciativa no implicará un costo fiscal. “Pensamos en inversiones que son incrementales y que generarán, a través de la cadena de valor, ingresos que nos permitirán sostener el equilibrio fiscal, condición indiscutible de este Gobierno”, afirmó.
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Desde el peronismo, Jorge Capitanich y Mariano Recalde cuestionaron con dureza el proyecto. “El empleo no está estancado, está en caída, y no es cierto que tocando los derechos de los trabajadores vayamos a generar un incentivo para que haya más empleo. El empleo lo genera la actividad económica y está por el piso, hay una recesión brutal”, aseguró el senador porteño.
El plenario de la Comisión de Trabajo convocó además al titular de la UIA, Martín Rapallini; a la Sociedad Rural Argentina, representada por Eloisa Frederking; al presidente de CAME, Ricardo Diab; al titular de la Cámara Argentina de Comercio, Pablo Devoto; al secretario general de la CTA Autónoma, Hugo Godoy; al líder de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky; al presidente de la Asociación Argentina de Estudios Fiscales, Luis Núñez; al director de ADIMRA, Gustavo Corradini, y al representante de la Asociación de Riesgos del Trabajo, Ricardo Ferreiro. La CGT también fue invitada, pero Bullrich aclaró que la central sindical concurrirá a la comisión después de la marcha contra la reforma laboral convocada para este jueves en Plaza de Mayo.
Los puntos centrales del proyecto
El proyecto de Modernización Laboral propone la creación de los Fondos de Asistencia Laboral (FAL), un sistema obligatorio destinado a financiar las indemnizaciones por despido, que se conformará mediante una contribución del 3% de las remuneraciones utilizadas como base para los aportes patronales al SIPA.
También habilita la posibilidad de acordar un régimen de compensación de horas extras, de carácter voluntario y formalizado por escrito, denominado “banco de horas”.
La iniciativa incorpora el concepto de salario dinámico, que podrá fijarse por tiempo o por rendimiento, incluyendo modalidades por unidad de obra o comisiones individuales o colectivas, y establece que las remuneraciones podrán abonarse en pesos, moneda extranjera o en especie.
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En materia de vacaciones, mantiene la posibilidad de fraccionarlas por un mínimo de siete días y conserva el período de goce entre el 1 de octubre y el 30 de abril del año siguiente, aunque introduce la obligación de que cada trabajador pueda gozarlas al menos una vez cada tres años durante el verano.
Además, tipifica como infracciones muy graves los actos que afecten la libertad de trabajo de quienes no adhieran a una medida de fuerza, y establece sanciones específicas contra los bloqueos de empresas, incluyendo penalidades para quienes provoquen, insten u organicen tomas de establecimientos o causen daños a personas o bienes.
