El Gobierno acelera las negociaciones para intentar que la Cámara de Diputados apruebe el Presupuesto 2026 la semana que viene. El Ejecutivo apunta a conseguir dictamen entre el lunes y el martes para llevar el proyecto al recinto antes del jueves. “Vamos a intentar sacarlo todo la semana que viene”, expresan en Nación.
En la Casa Rosada consideran que tienen los 129 votos para darle media sanción a la iniciativa en la Cámara Baja y ponen la mira en el Senado. Es por eso que intensificaron los contactos con los gobernadores dialoguistas en las últimas semanas y acercaron posiciones ante algunos pedidos de las provincias, como la baja de retenciones y la reactivación de algunas obras públicas.
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Los encargados de negociar por el oficialismo son el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, el ministro del Interior, Diego Santilli, y la jefa de bloque de La Libertad Avanza en la Cámara Alta, Patricia Bullich. El ministro de Economía, Luis Caputo, regula el veto sobre los pedidos de los aliados en la ampliación de asignaciones.
En Balcarce 50 dan por hecho que los integrantes de la mesa política pondrán en marcha reuniones con los jefes de bloque aliados en Diputados y en Senado, donde buscan acelerar el tratamiento de la reforma laboral que Javier Milei envió hoy al Congreso. El Ejecutivo apartó los puntos que más conflicto generaron con los sindicatos para bajar las tensiones.
La prioridad del Gobierno es el Presupuesto 2026 porque sus integrantes apuntan a que la sanción profundice la baja del riesgo país, de forma que mejore las condiciones de las tasas para refinanciar los vencimientos de deuda de enero, que ascienden a US$4000 millones. El Tesoro captó ayer US$1000 millones en la primera emisión de deuda en moneda extranjera desde 2018.
El Ejecutivo también quiere darle prioridad a la iniciativa que promueve el uso de dólares del “colchón”, que busca incluir dentro del proyecto presupuestario. Modifica la Ley Penal Tributaria y de Procedimiento Fiscal y propone elevar de $1.500.000 a $100.000.000 el monto a partir del cual la evasión tributaria se considera delito. Busca además mantener las penas de dos a seis años para las personas que evadan el pago de tributos en esos términos.
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Promueven también incrementar el monto a $1.000 millones en el caso de la evasión agravada, que abarca penalidades de tres a nueve años. El documento contiene una reducción de cinco a tres años del plazo de prescripción penal para delitos tributarios y pretende aplicar la modificación para los casos en que el contribuyente inscripto haya cumplido en término con la presentación de la declaración jurada.
El presidente sumó también en el temario de sesiones extraordinarias los proyectos de la reforma del Código Penal, el Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria y la iniciativa que busca modificar la Ley de Glaciares y del ambiente periglacial, con el objetivo de ampliar los parámetros ambientales y habilitar nuevas mesas técnicas entre Nación y las provincias.
