La Cámara Federal porteña ordenó este martes la liberación de Pablo Atchabahian, el médico mendocino, al considerar que no hay razones suficientes para mantenerlo bajo arresto domiciliario en el marco de la causa por irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad.
Los jueces Martín Irurzun, Eduardo Farah y Roberto Boico revocaron la medida impuesta por el juez Sebastián Casanello al sostener que “la restricción aplicada exclusivamente contra Atchabahian ya no resulta proporcional, y otras medidas menos gravosas, similares a las de los demás involucrados, bastan para asegurar el avance de la causa”.
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“Salvo el factor objetivo de la posible pena que enfrenta por la acusación de liderar una asociación ilícita, los otros argumentos para presumir riesgos no tienen respaldo actual”, agregaron los camaristas.
La Cámara señaló que las dificultades iniciales para localizarlo se debieron a la fase preliminar de la investigación, cuando aún no había citación formal. “Además, no se explican las razones por las que solo en su caso hay peligro de obstrucción, dada la etapa actual de la instrucción y su supuesta influencia sobre terceros. Ni siquiera el fiscal identificó cómo el arresto domiciliario elimina esa chance”, argumentaron los magistrados.
El 14 de noviembre, Atchabahian se abstuvo de declarar ante Casanello y el fiscal Franco Picardi, y ese día se le dictó el arresto en su casa de Luján de Cuyo, Mendoza.
Atchabahian ejerció como funcionario en la Agencia Nacional de Discapacidad en 2018 y, según el fiscal Picardi, formaría parte clave de un esquema que manipulaba resoluciones administrativas, contratos y pagos desde fuera del organismo.
Al igual que otros imputados, como el exdirector Diego Spagnuolo y el presunto intermediario Miguel Ángel Calvete, optó por no declarar.
Para la fiscalía, tras la designación de Spagnuolo en 2024 en la ANDIS, Atchabahian habría impartido instrucciones sin cargo oficial.
Cómo sigue la causa ANDIS
La Cámara Federal ordenó a Casanello investigar el origen y la veracidad de los audios de Spagnuolo que dieron inicio a la causa.
Los camaristas remarcaron que la causa se inició por denuncia de un particular basada en trascendidos periodísticos, pero aún no se conoce el origen de los audios cuestionados ni si fueron “manipulados, editados o armados total o parcialmente con inteligencia artificial”.
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De esta manera, la Cámara hizo lugar al planteo de la defensa de Spagnuolo que aseguró que los audios serían “prueba violatoria de los derechos y garantías constitucionales”, al haberse obtenido sin certeza sobre su origen, “subrepticiamente”, y pudiendo haber sido “falsos, adulterados u obtenidos sin consentimiento del interlocutor”.
“Resulta estéril argumentar a esta altura sobre la admisibilidad de grabaciones efectuadas por particulares cuando, en rigor, esa afirmación no se encuentra respaldada en el expediente”, dijeron los magistrados.
La falta de certezas sobre el origen de los audios, profundizaron los jueces, “no sólo impide receptar las pretensiones recursivas de las defensas sino que también torna impropio avalar la decisión que las rechaza”.
