El informe de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) sumó nuevos elementos a la investigación que busca determinar si Luciano Pantano y Ana Lucía Conte, a quienes la Justicia les prohibió salir del país, actuaron como posibles testaferros de Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino.
El documento, que ya está en manos de la Justicia y al que tuvo acceso TN, detalla ingresos, consumos, movimientos empresariales y la situación patrimonial de los socios de Real Central SRL, la firma señalada como compradora de la megaestancia de diez hectáreas en Pilar.
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Según los datos del ARCA, Pantano registró ganancias por 24 millones de pesos durante 2025, mientras que en 2024 sus ingresos habrían sido aún mayores: 33 millones de pesos. Para los investigadores, esos montos resultan insuficientes para explicar la magnitud del patrimonio que aparece vinculado a la empresa, que figura como dueña de propiedades valuadas en millones de dólares.
Uno de los datos que más llamó la atención del ARCA fueron los consumos con tarjeta de crédito de Pantano, que oscilaron entre los $130.000 y los $600.000. Esos gastos, al igual que los ingresos declarados, no guardan relación con la compra de una mansión valuada en alrededor de 10 millones de dólares ni con la tenencia de una flota de vehículos de alta gama.
La firma Real Central SRL, que declara como actividad principal el servicio de taxis, remises y alquiler de autos con chofer, tampoco presenta ganancias registradas ante el organismo fiscal. Además, el desagregado de propiedades indica que la empresa no tendría bienes inmuebles a su nombre en sus balances, pese a que en los registros oficiales figura como titular de inmuebles de altísimo valor.
Otro punto que genera fuertes contradicciones es la estructura laboral de la compañía. De acuerdo al ARCA, Real Central tendría 19 empleados y durante 2025 habría pagado en total 11 millones de pesos en salarios. Ese nivel de erogación resulta incompatible con la magnitud del patrimonio inmobiliario y automotor que aparece vinculado a la firma.
Tras acceder a este informe, el juez de la causa resolvió avanzar con tres medidas clave: prohibió la salida del país de todos los involucrados, dispuso la inhibición general de bienes y ordenó el congelamiento de las cuentas bancarias. Las decisiones buscan evitar movimientos de dinero o desprendimiento de activos mientras avanza la investigación por presunto lavado y ocultamiento de patrimonio.
Real Central SRL ya estaba bajo la lupa tras una denuncia de la Coalición Cívica ante la Procelac y la Casación Federal. Allí se indicó que el 30 de mayo de 2024 la empresa compró una propiedad de 105.308 metros cuadrados en Villa Rosa, compuesta por dos lotes que conforman una quinta con pista de entrenamiento equino, haras, helipuerto, autos de colección e instalaciones deportivas.
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Los denunciantes remarcaron desde el inicio que los ingresos de los socios no serían compatibles con semejante operación. Conte figura como monotributista social y jubilada, mientras que Pantano estaba inscripto como monotributista categoría G, con un tope de facturación anual de 40 millones de pesos. “No sabemos si es Tapia o Toviggino, pero es muy raro cómo un monotributista y una jubilada se compraron dos mansiones en Pilar y tienen una flota de autos de lujo”, señalaron fuentes del caso a TN.
A ese entramado se sumó un segundo dato clave: Real Central SRL figura como dueña de dos unidades funcionales en el exclusivo country Ayres Plaza, en Pilar. Según expensas de noviembre de 2025, la empresa es titular de la Unidad 108 y de la 134, esta última con salida a dos calles, lo que confirma la existencia de otra propiedad de alto valor.
Finalmente, el panorama se vuelve aún más delicado por la flota automotor: la empresa es titular de 59 autos de lujo, de acuerdo a una consulta realizada al Registro Nacional de la Propiedad Automotor el 4 de diciembre de 2025. Muchos de esos vehículos coinciden con los modelos que aparecieron en los videos del garage de la quinta de Villa Rosa, reforzando las sospechas de que Real Central podría estar siendo utilizada para ocultar bienes de terceros con poder e influencia.
