En una declaración que profundiza las sospechas sobre el esquema de contrataciones dentro de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), el excoordinador de Gestión de Urgencias, Roger Edgar Grant, reconoció que los procesos de compra de medicamentos estaban direccionados y que actuaba siguiendo instrucciones directas de Daniel María Garbellini, señalado como el “número dos” del entonces director Diego Spagnuolo.
Grant administraba las adquisiciones a través del Sistema Integrado de Información y Administración de Prestaciones con Discapacidad (SIIPFIS) y se convirtió en una pieza clave del expediente.
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Durante su indagatoria, Grant admitió “gran parte de los procedimientos irregulares” vinculados a las contrataciones de medicamentos del programa PACBI. Según detallaron fuentes judiciales, sostuvo que “todo lo hacía por orden de Garbellini” y que “todo lo consultaba con él”, desde qué droguerías podían cotizar hasta el manejo de los tiempos administrativos.
También afirmó que ejecutaba instrucciones precisas sobre altas y bajas en el sistema y se mantenía al tanto de quiénes habían logrado presentar ofertas.
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La declaración confirmó que el direccionamiento estaba centralizado en Garbellini. Grant lo ubicó como la figura que definía la operatoria y aseguró que sus decisiones eran meramente instrumentales. En cambio, evitó referirse a supuestos pagos ilícitos: de las presuntas coimas, “no dijo nada”, según reconstruyeron quienes siguieron la audiencia.
En el expediente figura además otro elemento que compromete al excoordinador: su nombre aparece en cuadernos secuestrados durante un allanamiento a la vivienda de Miguel Ángel Calvete. Los investigadores consideran esas anotaciones como parte del mapa interno de la operatoria que se intenta reconstruir.
La ronda de indagatorias continúa hoy con la declaración de Luciana Ferrari, quien trabajó hasta hace poco en la farmacéutica Roche.
Mientras avanzan las declaraciones, la defensa del exdirector de la ANDIS, Diego Spagnuolo, intenta desactivar el núcleo probatorio del expediente. Días atrás, sus abogados solicitaron el sobreseimiento y reclamaron la nulidad de todas las resoluciones basadas en los audios que dieron origen a la investigación.
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Presentaron un informe pericial elaborado por el especialista Miguel Ángel de la Torre Guijarro, que concluyó que las grabaciones fueron “editadas y modificadas múltiples veces”.
Para la defensa, “los audios han sido editados, manipulados y modificados con inteligencia artificial”, además de ser –según afirman– producto de “escuchas ilegales”. Bajo ese argumento, los abogados Mauricio D’Alessandro y Pablo Parera insistieron en que el material no puede sostener ninguna resolución judicial.
