La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) advirtió sus preocupaciones por el aumento de denuncias de hostigamiento a periodistas y los límites que esto genera para el ejercicio de la libertad de expresión.
El organismo realizó en Miami una jornada de la que participaron organizaciones de la sociedad civil y representantes del Gobierno nacional.
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La sesión, que duró más de dos horas y se llevó a cabo en la Universidad de Miami, reunió a referentes del Foro de Periodismo Argentino (FOPEA), el CELS, Amnistía Internacional, sindicatos de prensa y varios periodistas.
Los expositores alertaron sobre un “deterioro acelerado” del clima para el trabajo periodístico desde diciembre de 2023, con énfasis en tres ejes: el aumento de agresiones físicas y digitales, el uso de demandas judiciales como herramienta de presión y el discurso estigmatizante desde altos funcionarios.
Según el monitoreo de FOPEA, durante 2024 se registraron 179 ataques a la prensa, un 53% más que en 2023 y más del doble respecto a 2022. En lo que va de 2025, la cifra ya trepó a 257 casos, superando récords históricos. Entre los ejemplos más graves se mencionaron heridas sufridas por reporteros gráficos durante coberturas de protestas, como el caso de Pablo Grillo, campañas de descrédito en redes sociales impulsadas desde cuentas oficiales y intentos de intimidación a través de causas penales o hackeos.
Periodistas como Hugo Alconada Mon, Julia Mengolini y el fotógrafo Tomás Cuesta relataron experiencias personales de hostigamiento, mientras que representantes de la Asociación de Reporteros Gráficos (ARGRA) y el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA) señalaron la “normalización” de la violencia policial contra la prensa en manifestaciones.
También se criticó el cierre de la agencia Télam, modificaciones en la ley de acceso a la información pública y la parálisis de la comisión bicameral de libertad de expresión en el Congreso.
En representación del Estado, el subsecretario de Derechos Humanos, Alberto Baños, descartó la existencia de un patrón sistemático de restricciones y calificó los incidentes como “casos aislados”. Defendió la regulación del uso de la fuerza pública y aseguró que el periodismo está plenamente protegido. Además, cuestionó que algunas presentaciones buscaran convertir la audiencia en un “juicio político” al gobierno actual.
Los comisionados de la CIDH, entre ellos su presidente José Luis Caballero y el relator especial Pedro Vaca, expresaron preocupación por el impacto que puede tener el discurso de las autoridades cuando estigmatiza a la prensa, al tiempo que recordaron que la voz de un gobernante “no es una voz cualquiera”.
La secretaria ejecutiva Tania Reneaum Panszi advirtió que los casos expuestos no parecen aislados, sino parte de un contexto más amplio de amenazas y criminalización.
Al cierre de la audiencia, Caballero confirmó el interés de la Comisión en coordinar una visita oficial a la Argentina para profundizar el análisis, una posibilidad que también habían solicitado las organizaciones peticionantes.
