Tras la orden de la Justicia, los bienes decomisados a la expresidenta Cristina Kirchner y a otros condenados en el juicio por la Causa Vialidad, como el empresario Lázaro Báez, pasaron a manos de la Corte Suprema. Será el tribunal integrado por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti el que decida el destino de los inmuebles, y si serán o no subastados.
El análisis estará a cargo de la Dirección de Gestión Interna e Infraestructura de la Corte. En el caso de que el máximo tribunal disponga del uso de bienes, podría asignarlos por ejemplo para dependencias judiciales en el Sur, para depósito o como una sede para el desarrollo de juicios. Caso contrario, las propiedades incautadas por orden del Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) serán subastadas.
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Se trata del Tribunal que condenó a la exmandataria a seis años de cárcel, que cumple con el régimen de prisión domiciliaria, e inhabilitación de forma perpetua para ejercer cargos públicos, en la causa por corrupción en la obra pública en Santa Cruz.
Las claves del fallo que ordenó el decomiso de bienes de Cristina Kirchner tras la condena por la causa Vialidad
El fallo que ordenó el decomiso de bienes de Cristina Kirchner tras la sentencia por la causa Vialidad destacó en relación a los bienes de las personas condenadas “que resultaron beneficiarias de los efectos del delito -ya sea del producto o del provecho-, el decomiso se inscribe en la tradición histórica del sistema penal argentino, orientada primordialmente a impedir que el delito comprobado rinda beneficios y a neutralizar los efectos patrimoniales de la conducta ilícita”.
La resolución mencionó que “corresponde considerar los bienes de los condenados que resulten decomisables en virtud de la función reparadora del daño social causado, así como en cumplimiento de la política pública de recuperación activos de la corrupción, obligación internacionalmente asumida por el Estado Argentino en el marco de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y la Convención Interamericana contra la Corrupción, entre otros instrumentos".
El texto remarca que “en lo que respecta a los bienes que fueron individualizados y se encuentran en poder de sujetos no condenados, el decomiso únicamente comprenderá los casos de personas jurídicas beneficiadas por el producto o el provecho del delito, así como de terceros que los hubieren recibido a título gratuito”.
El decomiso se dispuso luego de la confirmación de la sentencia dictada en diciembre de 2022. Alcanza a 122 inmuebles identificados por el Ministerio Público Fiscal (MPF) como instrumentos o productos del delito. O bien como activos incluidos durante el período en que se desarrolló la maniobra fraudulenta, entre mayo de 2003 y diciembre de 2015.
El monto original fijado por el decomiso había sido de $84.835 millones, pero fue actualizado a $684.990 millones por peritos contadores a partir de criterios técnicos ratificados por la Corte. Ante el incumplimiento de los condenados por la causa Vialidad, como anticipó TN, el Tribunal ordenó la ejecución.
