Se vivieron momentos de tensión en las inmediaciones del Congreso, donde manifestantes intentaron tirar abajo las vallas de contención, en una nueva marcha integrada por jubilados.
La Policía Federal activó el protocolo antipiquetes para evitar el corte de calles, mientras las columnas seguían avanzando. Algunos manifestantes arrojaron objetos y los agentes respondieron con gas pimienta.
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En la manifestación se pudieron ver banderas de partidos de izquierda y otras fuerzas políticas. Meses atrás, el presidente Javier Milei vetó por completo las tres leyes aprobadas por el Congreso que establecían aumentos a jubilados, reponían la moratoria previsional y declaraban la emergencia en discapacidad con nuevas pensiones no contributivas
En el Decreto 534/2025, el Gobierno aseguró que las leyes aprobadas implicaban un gasto adicional de más de 7 billones de pesos en 2025 y cerca de 17 billones en 2026, sin fuentes de financiamiento suficientes ni cálculos actuariales que aseguraran su viabilidad.
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Además, argumentó que su implementación ponía en riesgo el equilibrio fiscal, comprometía las metas económicas y amenazaba la estabilidad del sistema previsional.
Con la decisión presidencial, quedó suspendido el aumento del 7,2% en haberes y pensiones, así como la suba del bono previsional, que iba a pasar de $70.000 a $110.000 y comenzaría a actualizarse por inflación.
La marcha es una más de las ya clásicas de los miércoles, pero la primera después de la victoria de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas del 26 de octubre.
Se espera que a partir del 10 de diciembre, con la nueva conformación del Congreso, donde el oficialismo tendrá muchos más diputados y senadores, el Gobierno avance con una serie de reformas, entre ellas la tributaria y la laboral.
El dato de la mayor cantidad de legisladores en el Congreso es clave para el Gobierno, porque no solo le permitirá aprobar los proyectos que impulse, sino que tendrá números suficientes -juntos con los aliados- para blindar los vetos presidenciales, que fueron una herramienta recurrente en los primeros dos años de mandato. Lo mismo ocurre para el caso de los decretos de necesidad y urgencia.
