La Asociación de Profesionales y Técnicos del Hospital Garrahan (APyT), junto a otros sectores del equipo de salud del hospital, realizan un paro de 24 horas desde las 7 de la mañana.
Si bien el Gobierno promulgó en las últimas horas las leyes de financiamiento universitario y de emergencia pediátrica, decidió no aplicarlas (al igual que con la ley de discapacidad) hasta que no se defina el Presupuesto 2026.
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A través de los decretos 759/2025 y 760/2025, publicados en el Boletín Oficial, el Ejecutivo promulgó las leyes 27.795 y 27.796.
Sin embargo, la aplicación de las leyes quedó en suspenso hasta que no se defina de dónde saldrá el dinero para financiar dichos gastos.
Es por eso que hoy a las 16, además, trabajadores del Garrahan, universitarios y trabajadores y familiares del área de discapacidad marcharán hacia la Plaza de Mayo para exigir la aplicación inmediata de las tres leyes mencionadas.
Financiamiento universitario: recursos y salarios garantizados
La Ley 27.795 busca asegurar la continuidad y sostenimiento de la educación universitaria pública. Entre sus principales medidas se destacan:
- Actualización automática de los presupuestos universitarios según la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC.
- Recomposición salarial de docentes y no docentes, que debe garantizarse con carácter remunerativo y bonificable, incluyendo la plena incorporación de sumas no remunerativas.
- Convocatoria obligatoria a paritaria nacional, con actualización mensual no inferior a la inflación.
- Revisión y fortalecimiento de programas de becas estratégicas y apoyo a estudiantes en situación de vulnerabilidad.
A pesar de estas disposiciones, la aplicación de la ley quedó condicionada a que el Congreso defina cómo se financiarán los gastos adicionales, tal como ocurre con la ley de emergencia pediátrica.
Emergencia pediátrica: atención garantizada, pero sin ejecución inmediata
La Ley 27.796 declara la emergencia sanitaria en salud pediátrica y residencias nacionales de salud por un año. Sus objetivos son:
- Garantizar acceso equitativo y de calidad a servicios de salud pediátrica, incluyendo hospitales de referencia y prácticas de alta complejidad.
- Asegurar continuidad y condiciones laborales dignas para residentes y profesionales de la salud, con recomposición salarial mínima equivalente a noviembre de 2023.
- Priorizar recursos para programas críticos como neonatología, trasplantes, oncología pediátrica y cirugía cardíaca infantil.
Sin embargo, según el decreto 760/2025, la ley queda suspendida hasta que el Congreso incluya partidas específicas en el presupuesto nacional, debido a que la actual situación financiera del Ministerio de Salud no permite afrontar el gasto sin afectar otros programas esenciales.
En la práctica, tanto universidades públicas como hospitales pediátricos deberán esperar la asignación presupuestaria antes de recibir los beneficios que las leyes establecen.
