La Asociación de Profesionales y Técnicos del Hospital Garrahan (APyT), junto a otros sectores del equipo de salud del hospital, realizan un paro de 24 horas desde las 7 de la mañana.
Si bien el Gobierno promulgó en las últimas horas las leyes de financiamiento universitario y de emergencia pediátrica, decidió no aplicarlas (al igual que con la ley de discapacidad) hasta que no se defina el Presupuesto 2026.
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A través de los decretos 759/2025 y 760/2025, publicados en el Boletín Oficial, el Ejecutivo promulgó las leyes 27.795 y 27.796. Sin embargo, la aplicación de las leyes quedó en suspenso hasta que no se defina de dónde saldrá el dinero para financiar dichos gastos.
En diálogo con TN, Norma Lezama, nutricionista del centro de salud pediátrico, cuestionó la actitud de las autoridades nacionales. “El hospital está en una crisis que ya hemos explicado muchísimo y es muy indignante que hoy haya salido en el Boletín Oficial la promulgación de la ley, pero con una medida que lo suspende porque dicen que si no tienen que tocar los fondos para pacientes con VIH”.
En el mismo sentido, sostuvo que es una situación “muy preocupante porque el Ministerio de Salud tiene que garantizar la atención para todos”.
“El Poder Ejecutivo tiene que cumplir la ley, el hospital ya no puede esperar más, ya hay 300 profesionales menos, están renunciando terapistas, neonatólogos, cirujanos, todo lo que es emergencia, la gente viene al hospital y si no están los equipos no podemos seguir atendiendo”, lamentó la nutricionista.
Tras ello, agregó: “Se han ido profesionales de todas las especialidades, la enfermería es crítica, no queremos naturalizar esta noticia de hoy que no es igual que ayer porque hoy tenemos una ley promulgada, pero el Gobierno insiste en darle la espalda a un hospital de referencia”.
Sobre el final, Lezama comentó que a las 20:30 realizarán un cacerolazo e hizo un pedido: “Que la población, así como nos acompañaron en pandemia, nos acompañen hoy desde sus casas, esta medida merece el repudio social”.
A las 16, los trabajadores del Garrahan, universitarios y trabajadores y familiares del área de discapacidad marcharán hacia la Plaza de Mayo para exigir la aplicación inmediata de las tres leyes mencionadas.
Financiamiento universitario: recursos y salarios garantizados
La Ley 27.795 busca asegurar la continuidad y sostenimiento de la educación universitaria pública. Entre sus principales medidas se destacan:
- Actualización automática de los presupuestos universitarios según la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC.
- Recomposición salarial de docentes y no docentes, que debe garantizarse con carácter remunerativo y bonificable, incluyendo la plena incorporación de sumas no remunerativas.
- Convocatoria obligatoria a paritaria nacional, con actualización mensual no inferior a la inflación.
- Revisión y fortalecimiento de programas de becas estratégicas y apoyo a estudiantes en situación de vulnerabilidad.
A pesar de estas disposiciones, la aplicación de la ley quedó condicionada a que el Congreso defina cómo se financiarán los gastos adicionales, tal como ocurre con la ley de emergencia pediátrica.
Emergencia pediátrica: atención garantizada, pero sin ejecución inmediata
La Ley 27.796 declara la emergencia sanitaria en salud pediátrica y residencias nacionales de salud por un año. Sus objetivos son:
- Garantizar acceso equitativo y de calidad a servicios de salud pediátrica, incluyendo hospitales de referencia y prácticas de alta complejidad.
- Asegurar continuidad y condiciones laborales dignas para residentes y profesionales de la salud, con recomposición salarial mínima equivalente a noviembre de 2023.
- Priorizar recursos para programas críticos como neonatología, trasplantes, oncología pediátrica y cirugía cardíaca infantil.
Sin embargo, según el decreto 760/2025, la ley queda suspendida hasta que el Congreso incluya partidas específicas en el presupuesto nacional, debido a que la actual situación financiera del Ministerio de Salud no permite afrontar el gasto sin afectar otros programas esenciales.
En la práctica, tanto universidades públicas como hospitales pediátricos deberán esperar la asignación presupuestaria antes de recibir los beneficios que las leyes establecen
