Luego de la declaración del exasesor de La Libertad Avanza Fernando Cerimedo, la situación judicial de Diego Spagnuolo sigue complicándose. La Fiscalía comprobó que el extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) borró mensajes de su celular antes de entregarlo a la Justicia.
Pero además, un día antes de que allanen su casa en un barrio privado de zona norte, Spagnuolo quiso conectarse a su cuenta de WhastApp desde otro dispositivo. Así lo determinó la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico (DATIP), a requerimiento de la Justicia.
Leé también: Conflicto en Comodoro Py por Libra: otro juez rechazó quedar al frente del caso y crece la incertidumbre
Personal de la DATIP se comunicó con la fiscalía y les hizo saber que “se había logrado hacer una extracción de información del teléfono celular secuestrado ‘en caliente’ en poder de Diego Orlando Spagnuolo".
“Sin embargo -sigue el informe del organismo-, advirtieron rápidamente que la extracción evidenciaba el borrado de información previo a su entrega a la instrucción, así como también intentos de restablecimiento de la cuenta de WhatsApp en otro dispositivo, realizadas el 21 de agosto a las 15:43“.
Un día después, el 22 de agosto, se realizaron distintos allanamientos. Uno de los procedimientos fue en la casa de Spagnuolo.
Esto complica la situación judicial de Spagnuolo, que evalúa convertirse en testigo arrepentido y continúa sin abogado defensor.
En las últimas horas, el juez federal Sebastián Casanello dispuso el levantamiento del secreto de sumario en la causa para que las partes puedan a acceder al contenido completo de la investigación y permite al exfuncionario conocer en detalle las pruebas en su contra.
Durante el período de reserva, la Justicia avanzó con allanamientos, secuestros de documentación, dispositivos electrónicos y la recolección de testimonios relevantes.
Uno de los procedimientos más significativos tuvo lugar en la caja de seguridad de Spagnuolo en el Banco BBVA, donde se encontraron 80 mil dólares y 2000 euros, pese a que el exfuncionario había declarado apenas 25 mil dólares al asumir el cargo.
Su declaración jurada de egreso -al 15 de septiembre- todavía no había sido presentada.
Ahora, con el expediente abierto, Casanello y el fiscal Franco Picardi retomarán el análisis de la prueba recolectada. El foco inmediato estará puesto en las contrataciones entre la ANDIS y la droguería Suizo Argentina, propiedad de los hermanos Emmanuel y Jonathan Kovalivker.
La firma concentró el 22% del volumen de una licitación por $24.000 millones y acumuló contratos por más de $55.000 millones con el organismo durante la gestión de Spagnuolo.
En paralelo, la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) sigue analizando la legalidad y los precios de los contratos observados. Aunque todavía no se expidió, las sospechas giran en torno a supuestos direccionamientos y sobreprecios.
Leé también: El motivo oculto de la pelea que fracturó el bloque del PRO en Diputados y preocupa al Gobierno
También avanza una auditoría interna del Gobierno nacional. El nuevo interventor de la ANDIS, Alejandro Vilches, espera contar con un informe preliminar en octubre.
La intervención fue formalizada a través del decreto 601/2025 y tendrá una duración de 180 días. Esta semana también se oficializó la designación de Gianfranco Scigliano como subdirector ejecutivo del organismo.
