La causa que investiga presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) entra en una nueva fase: esta semana se levantará el secreto de sumario y la Justicia se enfocará en un análisis detallado de las contrataciones realizadas entre ese organismo y la droguería Suizo Argentina, una de las principales proveedoras del programa Incluir Salud.
Pero, además, esta nueva fase le permitirá a Diego Spagnuolo poder acceder al expediente y conocer la prueba en su contra, paso fundamental que debe dar cualquier persona que amague con la posibilidad de convertirse en imputado colaborador, más conocido como “arrepentido”.
El secreto de sumario permitió a los investigadores avanzar con medidas urgentes, como secuestros de documentación y procedimientos clave. Se destaca el secuestro de papeles, carpetas y dispositivos electrónicos relacionados con la compra de medicamentos, una línea que ahora será objeto de revisión minuciosa.
Caso Spagnuolo: se levanta el secreto de sumario y la Justicia profundiza el análisis de los contratos
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El expediente apunta a determinar si existió un sistema de retornos ilegales a cambio de adjudicaciones con supuestos sobreprecios. Suizo Argentina, propiedad de la familia Kovalivker, concentró el 22% del volumen de una licitación por $24.000 millones y acumuló contratos por más de $55.000 millones con la ANDIS durante la gestión de Diego Spagnuolo, removido del cargo el 20 de agosto tras la filtración de audios en los que él mismo menciona un esquema de coimas que salpicaría a altos funcionarios del gobierno, incluyendo a Karina Milei y Eduardo “Lule” Menem.
Desde la droguería Suizo Argentina aseguran que ninguno de los contratos presenta irregularidades y que la firma jamás ofertó con sobreprecios.
Con el levantamiento del secreto, el juez Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi retomarán el análisis de evidencias incautadas. También se evaluará la declaración jurada patrimonial de Spagnuolo, luego de que en un allanamiento a su caja de seguridad del Banco BBVA se hallaran 80 mil dólares y 2000 euros. El exfuncionario había declarado apenas 25 mil dólares al asumir su cargo y, al 15 de septiembre, aún no había presentado su declaración jurada de egreso.
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Por otra parte, la investigación pondrá la lupa en los ingresos a los countries donde residen Spagnuolo y Daniel Garbellini —exnúmero dos de la ANDIS y encargado de negociar con las droguerías— para verificar si funcionarios públicos, dirigentes políticos o representantes del sector farmacéutico los visitaron durante el último año. Las fuerzas de seguridad ya solicitaron los registros de accesos desde enero de 2024 hasta la fecha.
El cerco sobre Spagnuolo se cerró aún más tras la declaración de Fernando Cerimedo, exasesor libertario, quien se presentó de forma espontánea ante el fiscal Picardi y ratificó que durante 2024 el extitular de la ANDIS le confió en reiteradas ocasiones la existencia de un esquema de corrupción en el organismo. La esposa del consultor político, además, trabajó como auditora en la propia ANDIS.
Cerimedo fue mencionado en los audios filtrados como posible responsable de haber grabado las conversaciones de Spagnuolo, una hipótesis que él niega. En el Gobierno circulan dos versiones: una que lo vincula a una maniobra junto al empresario de medios Franco Bindi para divulgar el material, y otra que sugiere que fue el propio Spagnuolo quien se grabó y difundió los audios en un intento por protegerse.
Los allanamientos realizados en simultáneo el viernes posterior a la declaración de Cerimedo podrían haber sido motivados por sus dichos. Además de la caja de seguridad, se inspeccionaron domicilios en los countries Altos de Campo Grande (Pilar) y El Pato (Berazategui). Ese mismo día, los abogados de Spagnuolo —Juan Aráoz de Lamadrid e Ignacio Rada Schultze— renunciaron a su defensa, alegando motivos personales.
Las versiones sobre su salida son diversas: desde una cuestión económica hasta desconfianza mutua.
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Mientras tanto, la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) continúa con el análisis técnico de los contratos observados. Si bien por ahora no hay conclusiones, las sospechas giran en torno a eventuales direccionamientos y sobreprecios en las compras realizadas.
En paralelo, el Gobierno avanza con una auditoría interna sobre la gestión de Spagnuolo. El nuevo interventor, Alejandro Vilches, espera contar con los primeros resultados en octubre. El decreto 601/2025 ordenó la intervención por 180 días. En los últimos días también se oficializó el nombramiento de Gianfranco Scigliano como subdirector ejecutivo del organismo.
Spagnuolo permanece recluido en su domicilio y mantiene silencio público. Aún no definió si se presentará como imputado colaborador, aunque su entorno admitía, al menos hasta la semana pasado, que lo evaluaba.
