La Corte Suprema de Justicia de la Nación ordenó que se realice el juicio contra el gremio de Camioneros por el bloqueo a la empresa Química Oeste S.A, ocurrido en 2021.
La demanda fue interpuesta por Carlos Dos Reis, representante de la empresa, contra el titular de la Delegación Monte Grande de Camioneros, Fabián Arévalo, Fernando Emmanuel Arzola, Aldo Guerrero Wertel, Ulises Reinaldo Rodas, Miguel Ángel Acosta, Sergio Javier Pogonza, Roberto Casal, Humberto Castaño y otros empleados que participaron del bloqueo.
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Con la firma de Carlos Rosenkratz, Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti, el máximo tribunal hizo lugar lugar a la queja de la empresa, declaró procedente el recurso extraordinario y dejó sin efecto la sentencia apelada que había suspendido el proceso.
El conflicto comenzó el 10 de mayo de 2021, cuando un grupo de aproximadamente 10 personas llegó al depósito de Química Oeste, en Monte Grande, desplegando una bandera del Sindicato de Camioneros y bloqueando el acceso de empleados y camiones.
Según la denuncia, los manifestantes, identificados con el gremio, gritaban frases como “de acá no sale nadie, no se mueve nadie, hoy no trabajan”. El bloqueo se extendió por varios días, afectando la entrada y salida de mercadería, así como la actividad de clientes y proveedores.
La protesta, que incluyó la presencia de camiones con contenedores y más activistas, se prolongó hasta el 18 de mayo, cuando la intervención policial permitió restablecer el acceso a la planta.
La empresa denunció pérdidas millonarias, estimadas en varios millones de pesos diarios, además de un impacto en el sector petrolero por la falta de insumos, valuado en unos 2 millones de dólares.
Según la querella, el accionar de los sindicalistas tenía como objetivo presionar por el encuadramiento laboral de los empleados y la elección de un delegado gremial, bajo lo que calificaron como un “reclamo laboral ficticio”.
Los cargos presentados incluyen extorsión, turbación de la posesión e impedimento del trabajo.
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El caso había sido elevado a juicio por el Juzgado de Garantías N° 2 de Lomas de Zamora en octubre de 2022, pero la Cámara de Apelaciones y Garantías local revocó esa decisión, sobreseyendo a los imputados al considerar que no se probaron conductas violentas ni intenciones de afectar la posesión del inmueble.
La querella insistió, llevando el caso a la Suprema Corte bonaerense, que también desestimó el recurso. Finalmente, un recurso extraordinario federal presentado ante la Corte Suprema permitió la reactivación de la causa.
En su fallo, la Corte citó el precedente “Uzcátegui Matheus” de 2016, criticando la “arbitrariedad” en la interpretación de los hechos por parte de los tribunales inferiores, que habrían ignorado pruebas relevantes y afectado derechos constitucionales, como el derecho al trabajo, la libre industria y la propiedad privada.
