Durante el allanamiento en las oficinas de la droguería Suizo Argentina, señalada en los audios del exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) Diego Spagnuolo, los policías secuestraron computadoras y archivos digitales.
Sin embargo, los abogados de la droguería plantearon que los directivos no estaban obligados a entregar las contraseñas de los discos rígidos, lo que llevó a los investigadores a incautar el material completo.
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“Nuestros representados no tienen la obligación legal de suministrar las claves de acceso. Ante esa negativa, la Policía optó por llevarse las computadoras y servidores”, explicaron los defensores de la firma.
Por orden del juez federal Sebastián Casanello, la Policía de la Ciudad rastreó documentación sobre las contrataciones directas con el organismo estatal, como parte de la investigación por presunto pago de coimas.
Lo novedoso llegó después del procedimiento: la defensa de Suizo Argentina confirmó a TN que presentó un pedido de nulidad de todo lo actuado. El argumento central es que la investigación se sostiene en audios que, según su postura, fueron obtenidos de manera ilícita.
“Se trata de grabaciones clandestinas que vulneran el derecho a la intimidad. Todo lo actuado sobre esa base carece de validez jurídica”, remarcaron los letrados de la empresa.
Las claves del escándalo
El caso empezó con la filtración de una serie de audios atribuidos a Spagnuolo, en los que se hacía referencia al pago de coimas para acceder a contratos con la ANDIS.
El exfuncionario primero sostuvo que las grabaciones eran producto de inteligencia artificial, aunque más tarde cambió su versión y aseguró que eran “ilegales”. Esa contradicción no hizo más que profundizar el escándalo.
La investigación se amplió con allanamientos simultáneos en todas las sedes de la Andis y en distintas oficinas de la droguería.
Los operativos pretenden encontrar documentación que respalde los presuntos vínculos contractuales irregulares entre el organismo y Suizo Argentina.
En paralelo, los peritos judiciales detectaron que en el celular de Spagnuolo había mensajes eliminados y por ese motivo, su contenido aún no pudo ser reconstruido.
Los investigadores intentan determinar si en esas conversaciones figuraban dirigentes políticos o empresarios vinculados al caso, entre ellos Karina Milei, Eduardo “Lule” Menem o los hermanos Jonathan, Emanuel y Eduardo Kovalivker, propietarios de la droguería.
Como primera reacción frente a la crisis, el Poder Ejecutivo desplazó de sus cargos a Spagnuolo y a Daniel Garbellini, entonces director de Acceso a los Servicios de Salud.
En su lugar fue designado como interventor Alberto Vilches, exsecretario de Gestión Sanitaria, quien inició una auditoría interna sobre los procesos de contratación y la documentación de la Andis.
Mientras tanto, la defensa de Suizo Argentina busca desacreditar las pruebas de origen y frenar los efectos de los allanamientos. La pulseada judicial recién empieza: el juez Casanello deberá resolver si da curso al planteo de nulidad o si avanza con el análisis de los archivos incautados.
