Efectivos de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires realizaron allanamientos en las sedes de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), en el marco del escándalo de los audios del extitular de la entidad, Diego Spagnuolo.
Lo mismo sucedió en la droguería Suizo Argentina, señalada por el exfuncionario como una de las empresas que pagaba sobornos.
En los últimos días, la Justicia recibió un informe preliminar del peritaje técnico realizado al celular de Spagnuolo en el que se detectó que hay mensajes eliminados del dispositivo.
Los investigadores intentarán determinar si hay conversaciones con Javier Milei, Karina Milei, Eduardo “Lule” Menem o empresarios vinculados a la causa.
Leé también: Quién es Ignacio Rada Schultze, el abogado designado por Spagnuolo en la causa por presuntas coimas
Tampoco se pudo establecer todavía si en los mensajes eliminados figuraban conversaciones con los hermanos Jonathan, Emanuel o Eduardo Kovalivker, dueños de la droguería Suizo Argentina.
La causa tuvo su punto de partida con una serie de audios filtrados, atribuidos a Spagnuolo, donde se hablaba del presunto pago de sobornos a funcionarios a cambio de lucrativos contratos estatales con la droguería.
En un principio, el exfuncionario aseguró que las grabaciones eran “hechas con inteligencia artificial”, pero luego cambió la versión y las calificó como “ilegales”. Esa contradicción aumentó la desconfianza sobre su rol en el entramado.
Leé también: Francos, en medio del escándalo por las presuntas coimas: “El Presidente no debió haber confiado en Spagnuolo”
Como primera medida, el Ejecutivo desplazó a Spagnuolo y también al director de Acceso a los Servicios de Salud, Daniel Garbellini, otro de los apuntados. El nuevo interventor designado en la ANDIS es Alberto Vilches, exsecretario de Gestión Sanitaria, quien está a cargo de la auditoría interna sobre los procesos y la documentación del organismo.
La agencia maneja un presupuesto de $3,74 billones y cuenta con 921 empleados, según datos del INDEC. De ese total, $3,1 billones están destinados a gastos de seguridad social, $556.000 millones a salud y $5300 millones a promoción y asistencia. El volumen de fondos explica, en parte, la magnitud de las acusaciones.
Spagnuolo, por su parte, designó este viernes como su abogado a Ignacio Rada Schultze, un letrado con amplia experiencia en el ámbito del derecho penal económico.
