En el marco de la causa que investiga el otorgamiento de fondos públicos a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) para financiar el programa Fútbol para Todos, el fiscal Miguel Ángel Osorio pidió absolver a Gabriel Mariotto, coordinador de la medida. Además, solicitó una pena de tres años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos para Aníbal Fernández y 8 meses de prisión en suspenso para Jorge “Coqui” Capitanich, ambos exjefes de gabinete.
En el caso también están involucrados Luis Segura, expresidente de AFA, para quien el fiscal pidió una condena de dos años de prisión. Asimismo, para los exdirigentes de Futbolistas Argentinos Agremiados, Carlos Alberto Pandolfi y Norberto Monteleone, se requirió un año de condena para cada uno.
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Por su parte, Natale Antonio Rigano, expresidente de la empresa Iveco, enfrenta un pedido de dos años de prisión por su presunta participación en el esquema de desvío de fondos.
También se solicitó la absolución de Miguel Ángel Silva, Rubén Manuel Raposo, Raúl Pagano, Sergio Raúl Marchi, Eduardo Fortunato Amirante, Jorge Antonio Galitis y Carlos Daniel Dávola.
La investigación comenzó en 2014, tras una denuncia presentada por la exlegisladora porteña Graciela Ocaña, quien alertó sobre posibles irregularidades en el manejo de los fondos del programa Fútbol para Todos.
Este programa, impulsado durante el gobierno kirchnerista, tenía como objetivo garantizar el acceso gratuito a las transmisiones de los partidos de fútbol de primera división, eliminando el sistema de pago por evento que regía hasta entonces. Sin embargo, según la acusación, el programa se convirtió en un mecanismo para el desvío de fondos públicos.
El fiscal Osorio estimó que, entre 2010 y 2015, las maniobras fraudulentas generaron un perjuicio económico al Estado por más de 131 millones de pesos. Entre las irregularidades detectadas, se destaca el uso de cheques de pago diferido que terminaban en cuevas financieras, ya que los clubes necesitaban liquidez inmediata, beneficiando a entidades privadas.
Además, se cuestionaron contratos de sponsoreo, como el firmado con la empresa Iveco, que habría pagado 86 millones de pesos por publicidad a valores muy por debajo de los estándares del mercado. En algunos casos, los pagos se realizaron en especie, como la entrega de camiones, sin licitaciones públicas ni justificaciones legales que respaldaran dichas operaciones.
El juicio
Uno de los puntos centrales de la acusación del juicio que comenzó en 2024 es que los fondos de Fútbol para Todos no cumplieron con el objetivo de sanear las finanzas de los clubes de fútbol.
Por el contrario, durante el período investigado, muchos de estos clubes incrementaron sus deudas con la AFIP. La fiscalía sostiene que los recursos, en lugar de destinarse a fortalecer la infraestructura deportiva o saldar deudas, fueron desviados a través de maniobras que beneficiaron a terceros.
La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), querellante en el caso, respaldó el pedido de la fiscalía y exigió que los acusados restituyan de manera solidaria el monto defraudado, actualizado a valores actuales.
Estos fondos, según la PIA, deberían destinarse al Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (ENARD) y a la AFA, en un intento de reparar el daño causado al erario público.
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El proceso lo lleva adelante el Tribunal Oral Federal N° 1, integrado por los jueces Ricardo Basílico, Adrián Grünberg y José Antonio Michilini, y ahora deberá evaluar las pruebas presentadas por la fiscalía y las defensas de los acusados antes de dictar sentencia.
La próxima audiencia será el 8 de septiembre cuando se presenten los alegatos de las defensas.
