El Gobierno destacó la suspensión de la entrega de acciones de YPF que resolvió la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York. Se trata de la orden de la jueza Loretta Preska, que obligaba a la Argentina a entregar el 51% de las acciones de la petrolera estatal a un banco en Nueva York. La medida, confirmada en el fallo del tribunal, se mantendrá vigente mientras se resuelvan las apelaciones, evitando que el país transfiera la mayoría accionaria en la compañía.
El Ejecutivo festejó también la decisión de la Justicia respecto a habilitar la participación como “amicus curiae” del Departamento de Justicia de Estados Unidos, que respaldó la posición argentina. “Es un paso decisivo para resguardar un activo estratégico y los intereses de todos los argentinos”, señaló la Procuración del Tesoro.
El fallo -firmado por las juezas Myrna Pérez, Sarah Merriam y María Araújo Kahn- establece que el stay se limita únicamente a la orden de entrega del 30 de junio y no afecta el curso de la apelación de fondo contra la sentencia de 2023. El documento judicial, emitido este 15 de agosto, también ordena a la Argentina presentar las notificaciones de calendario conforme a las reglas locales del Segundo Circuito.
La medida adoptada por el tribunal se produce en el marco de un litigio que lleva más de una década y que tuvo su sentencia de fondo en septiembre de 2023 —tres meses antes del inicio de la actual gestión— cuando la Justicia de Nueva York condenó al país a pagar 16 mil millones de dólares más intereses por la expropiación de YPF.
En paralelo al proceso de apelación, el caso ingresó en una etapa de discovery —producción de información y documentos— que ya fue tratado en más de una audiencia conjunta. Los demandantes buscan detalles sobre activos, movimientos financieros y bienes que podrían servir para ejecutar la sentencia. Entre esos requerimientos figuran datos sobre activos argentinos e información de funcionarios.
Frente a ese escenario, la Argentina presentó ante Preska un pedido para suspender la orden sobre discovery y frenar la entrega de información mientras se resuelve la apelación. El planteo busca evitar que los demandantes accedan a datos que, en caso de una derrota definitiva, podrían utilizarse como guía para embargar activos estatales. Esta solicitud todavía está pendiente de resolución en el tribunal de primera instancia.
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Desde la Casa Rosada remarcan que el fallo de la Corte no afecta el curso de la apelación de fondo, que seguirá su camino con presentaciones y audiencias en los próximos meses. “Durante más de diez años distintas administraciones dejaron pasar la oportunidad de resolver este litigio. Hoy ejercemos plenamente nuestro derecho a la defensa, utilizando todas las herramientas legales disponibles para proteger los intereses nacionales”, expresó el Ejecutivo.
