La Justicia le dio 10 días hábiles a Cristina Kirchner y al resto de los condenados en la causa Vialidad para que devuelvan los $684 mil millones que fueron dictados en la sentencia.
El Tribunal Oral Federal N°2 dictó la medida judicial este martes y los condenados tendrán como fecha límite el 13 de agosto.
Leé también: Causa Vialidad: la defensa de CFK asegura que los bienes a decomisar son el 6% de la cifra oficial
Según pudo saber TN, si Cristina Kirchner, Lázaro Báez y el resto de los condenados en la causa Vialidad no devuelven la plata antes del 13 de agosto comenzará la etapa de ejecución de bienes.
En paralelo, el tribunal tampoco aceptó el pedido de la defensa de la expresidenta respecto a que debía pagar apenas el 6% de la cifra que había sido fijada por los peritos de la Corte Suprema de Justicia.
El perito presentado por Cristina Kirchner planteó que los bienes que debía pagar la titular del Partido Justicialista rondaban una cifra cercana a los $42 mil millones.
Sin embargo, el TOF N°2 determinó que pague los $684 mil millones que habían establecido los peritos de la Corte.
El juez Jorge Gorini, titular del tribunal, solicitó al Banco Nación que abra una cuenta para que los condenados realicen el pago y además, ordenó a que se amplíen los embargos preventivos para cubrir el monto establecido.
Cabe destacar que los condenados por la causa Vialidad deberán ponerse de acuerdo sobre qué va a devolver cada uno. El TOF N°2 no detalla qué le corresponde pagar a cada condenado. Se trata de un “concepto solidario” para reparar al Estado, por lo que entre los nueve condenados deberán decidir cómo proceder.
El fallo, firmado por Gorini, cerró: “Íntimese a las personas condenadas al pago de la suma de $684.990.350.139,86, la cual deberá ser depositada a cuenta y orden del tribunal en el plazo de diez (10) días hábiles a partir de la notificación del presente”.
Leé también: Vialidad: piden medidas clave para garantizar el decomiso de los bienes de CFK y los otros condenados
Este lunes, los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola habían solicitado una serie de medidas para garantizar el decomiso de los bienes en la causa Vialidad. Concretamente, exigieron que “las restricciones impuestas a Lázaro Báez para otorgar actos jurídicos o realizar cualquier acción que produzca efectos legales sobre su patrimonio se haga extensiva a todas las personas condenadas en esta causa”.
Los fiscales pidieron al juez Gorini que se libren oficios a diferentes organismos para reconstruir todos los bienes muebles e inmuebles que haya registrado Claudia Insaurralde, pareja de Báez, desde 2016 hasta la actualidad.
Para los funcionarios, es probable que la mujer haya operado en calidad de “prestanombre o testaferro” del empresario condenado, o bien, pudo haber transferido la titularidad de los bienes a un tercero.
En mayo de 2020, Báez le otorgó a Insaurralde un poder para que “con las más amplias facultades que fueran necesarios y/o exigibles, intervenga en sus negocios y asuntos de orden administrativo y comercial. Cualquiera fuera su naturaleza y la jurisdicción a que correspondan”.
Según se comprobó, Insaurralde visitó a Báez días atrás en la cárcel de Río Gallegos con la intención de que el empresario firmara una serie de documentos relacionados con distintos bienes.
