El Gobierno espera una respuesta de la Justicia de los Estados Unidos y analiza ir a la Corte Suprema para blindar las acciones de YPF. El Ejecutivo asegura que bajo ningún punto de vista impulsará la transferencia del 51% de los activos en manos del Estado a los fondos Burford y Eton Park, e insiste en que agotará todas las instancias judiciales sin negociar.
La mesa jurídica de la Casa Rosada busca evitar que la discusión jurídica se centre en el incumplimiento de la Argentina sobre la ejecución de la sentencia de la jueza Loretta Preska, que vence el próximo lunes. Es por eso que planea presentar un escrito ante el máximo tribunal estadounidense en caso de que la Cámara del Segundo Circuito de Nueva York no conceda la suspensión del fallo que habilita la transferencia.
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En Balcarce 50 hay desconfianza sobre la voluntad de Preska y dan por hecho que rechazará la solicitud de la Procuración General del Tesoro. En Nación sostienen que le dieron un “margen de días para que responda” y que no están dispuestos a esperar hasta el lunes. Ya presentaron además la primera nota que habilita la apelación formal de la sentencia.
En los equipos técnicos del oficialismo apuntan a prevenir sanciones -como multas diarias- por no cumplir con la ejecución del fallo. Aseguran, además, que evalúan pedirle a la Corte Suprema local una declaración sobre el proceso para reforzar el argumento de imposibilidad material de avanzar con lo dispuesto por el tribunal de primera instancia de los Estados Unidos.
El Gobierno mantiene la postura de que la orden de Preska viola la ley de expropiación de YPF y manifiesta que cualquier traspaso de la participación estatal requiere aprobación del Congreso con una mayoría de dos tercios. “Las acciones están en la Caja de Valores. No hay forma de sacarlas y transferirlas”, agregan fuentes oficiales.
El Ejecutivo considera que el traspaso accionario conlleva efectos irreversibles a raíz de que los demandantes ya aclararon su intención de vender esos títulos una vez que los reciban, lo que impediría retroceder incluso si el país se impusiera en la apelación. “No se puede volver a meter al genio dentro de la botella”, grafican.
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El Gobierno argumenta en sus escritos que el país sufrirá un “daño irreparable a su soberanía” si no se suspende la orden de entrega mientras se resuelve la apelación. Agrega también que se verá forzado a elegir entre ”cambiar sus propias leyes, violarlas o desobedecer una orden judicial de los Estados Unidos”.
La jueza federal del distrito sur de Nueva York citó además a la Argentina y a los beneficiarios del millonario fallo a una conferencia judicial en su tribunal para el próximo martes. La convocatoria abarca un pedido de los demandantes para obtener información sobre entidades estatales -como Aerolíneas Argentinas, ARSAT, ENARSA y el Banco Central- con la intención de avanzar en embargos.
