El juez Pablo Yadarola aceptó varias de las medidas de prueba pedidas por el fiscal, Claudio Navas Rial, en el caso del avión privado que llegó al país el 26 de febrero con valijas que no pasaron por los controles habituales. Entre ellas, pidió identificar a los vehículos que se acercaron a la aeronave mientras se bajaban el equipaje investigado.
El Juzgado Penal en lo Económico N°2 ordenó identificar a funcionarios de la Aduana, Migraciones y la Administración Nacional de la Avión Civil (ANAC) que participaron del irregular procedimiento vinculado al arribo del avión del empresario Leonardo Scatturice, nuevo dueño de Flybondi, cercano al Gobierno e intermediario entre Javier Milei y Donald Trump.
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Navas Rial sospecha de la existencia de ”una instrucción externa que habría condicionado el desarrollo de los procedimientos previstos” con la llegada del avión Bombardier 5000.
“Requerir a la Policía de Seguridad Aeroportuaria que se sirva practicar amplias tareas investigativas a fin de identificar a todos los vehículos que intervinieron en el arribo, el día 26 de febrero de 2025, al Aeroparque “Jorge Newbery” del avión matrícula N18RU, procedente de los Estados Unidos de América a la rampa asignada para su aterrizaje", comienza el juez en la resolución, a la que TN tuvo acceso.
Y enumera: “Conforme lo indicado por el Ministerio Público Fiscal se observaron: dos camionetas tipo traffic de color negro, presuntamente pertenecientes a la empresa Royal Class; una camioneta tipo traffic de color blanco, que podría pertenecer a la PSA; una camioneta de color blanco y celeste presuntamente asignada a personal de la Dirección General de Aduanas; dos o tres camionetas tipo utilitarias blancas, que se aproximan y se retiran de la aeronave en distintos momentos, según surge de las imágenes analizadas por el Ministerio Público Fiscal”.
En el documento, el Juzgado Penal en lo Económico N°2 insta a “determinar la titularidad, el destino y la función de cada uno de los vehículos mencionados, así como identificar al personal que se encontraba a bordo y el motivo de su intervención”.
Y agrega: “Corresponderá establecer qué tipo de autorizaciones son requeridas para dichos movimientos y por qué una de las camionetas tipo Traffic color negro se acercó al avión para luego quedar estacionada en el hangar de Royal Class”.
Yadarola pidió “identificar el rol del automóvil negro que se observa cerca de la aeronave en el momento en que se trasladó al piloto para ‘sellar’ la aeronave en rampa”.
Más adelante, solicitó a la Dirección General de Aduanas datos sobre sus funcionarios Cintia Cali, Fernando Carretoni (agentes aduaneros intervinientes en el ingreso del vuelo), Omar Beltramino (agente aduanero interviniente en el egreso del vuelo), “y cualquier otro agente que haya estado presente en el hall de control de ARCA al momento en que se habría indicado a los pasajeros y a la tripulación que no era necesario pasar sus valijas por el escáner”.
En su requerimiento de instrucción, el fiscal hizo foco en “la discrepancia entre los cinco bultos declarados oficialmente en el Formulario de Declaración General y las imágenes de la PSA que muestran más de diez bultos trasladados por el grupo vinculado al vuelo, se sugiere la ampliación de las declaraciones testimoniales ya prestadas por ambos tripulantes con el fin que, exhibidas que le sean las imágenes registradas al momento del arribo de la aeronave, expliquen las inconsistencias detectadas”.
La investigación
El caso generó revuelo desde que se conoció que ese jet ingresó al país con 10 valijas, de las cuales solo cinco fueron declaradas. La pasajera era Laura Belén Arrieta, gerente de operaciones corporativas de OCP TECH, quien estaba acompañada por los pilotos José Luis Donato Bresciano y Juan Pablo Pinto. A la salida, se sumó otro ejecutivo de la empresa: Víctor Germán Du Plooy.
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Las filmaciones del Aeroparque Jorge Newbery, donde aterrizó el avión, mostraron que los tripulantes y la pasajera fueron escoltados por personal aduanero sin pasar por los escáneres ni someter su equipaje a revisión.
Según los fiscales, ese trato diferencial fue injustificado, ya que no había congestión ni una situación operativa que lo justificara. Las cámaras del hangar tampoco registraron vigilancia continua y presentan “huecos temporales”, de acuerdo al dictamen del Ministerio Público Fiscal.
