A principios de junio el Senado -por unanimidad y con amplia mayoría- sancionó la ley de emergencia en Bahía Blanca. La norma establecía la creación de un fondo especial de $200 mil millones para la reconstrucción de la ciudad, que se vio afectada por las inundaciones provocadas por el temporal del 7 de marzo.
Sin embargo, este lunes Javier Milei vetó la ley. En el Gobierno argumentaron que el 1° de abril ya habían impulsado la creación -mediante otro DNU del Presidente- de una asistencia por la misma cifra desde la órbita de la Agencia Federal de Emergencias, que forma parte del Ministerio de Seguridad que preside Patricia Bullrich.
Leé también: Empiezan las reuniones entre el Gobierno y la misión del FMI para destrabar un giro por US$2000 millones
Como es habitual, la postura la marcó el vocero Manuel Adorni con un mensaje que compartió en X. “El Gobierno asistió a Bahía Blanca con 200.000 millones de pesos para ayudar de manera directa a los damnificados -puntualizó-. También brindó una ayuda económica de 10.000 millones de pesos al Municipio, lanzó tres líneas de financiamiento desde el Banco Nación, completó nueve vuelos cargados de insumos y medicamentos, envió ambulancias y un hospital móvil y desplegó los recursos de las fuerzas federales para rescatar a 716 personas”.
“Hoy, casi tres meses después (sí, casi tres meses después), la casta política pretende hacer política con la tragedia aprobando en el Congreso un proyecto que se superpone con los recursos ya transferidos. Por eso, el presidente Javier Milei vetó la ley que duplicaba la asistencia ya dispuesta. Fin”, escribió Adorni.
No obstante, Karina Banfi, legisladora por la UCR, aseguró que la ley sancionada “representa una respuesta institucional ante una situación catastrófica”, y “no se superpone con aquel decreto del Poder Ejecutivo". “(Por el contrario) tiene mayor jerarquía constitucional y un alcance más amplio, porque no se ocupa solo de las urgencias sino de soluciones estructurales”, explicó.
“El fondo especial está pensado para reconstruir infraestructura pública dañada y reactivar el circuito económico local, dos puntos que no están previstos en el decreto -agregó Banfi, en diálogo con TN-. Además, la ley contempla el control parlamentario sobre las acciones implementadas por el Ejecutivo. No estamos dispuestos a resignar la rendición de cuentas y la transparencia".
Y remarcó: “La emergencia en Bahía Blanca no terminó. Aún queda mucho por hacer para que miles de vecinos recuperen la normalidad. Hacen falta obras y trabajo. Es desopilante que el Gobierno genere este tipo de tensiones cuando se trata de ayudar a una ciudad que implica más del 1% del PBI productivo de la Argentina”.
A la postura de la UCR también se sumaron los cuestionamientos de los legisladores de Unión por la Patria. Desde el Senado, la bonaerense Juliana Di Tullio -autora de la iniciativa junto a Eduardo Wado de Pedro y Maximiliano Abad-, y desde Diputados, Victoria Tolosa Paz.
“Milei dejó en claro sus prioridades: no hay plata para asistir a las familias que lo perdieron todo y reconstruir la infraestructura, pero sí hay millones para espiar y blindar el ajuste con represión. Vetó la solidaridad, la empatía, el federalismo. Me pregunto con qué cara volverá a pisar Bahía Blanca, como hizo cuando armó aquel circo en el medio de la tragedia. Basta de crueldad, Milei. Plata hay. Puede usar los fondos que se liberaron al eliminar la sobretasa del FMI”, planteó Di Tullio.
La constitucionalidad del veto y las alternativas del Congreso
El veto es la facultad que tiene el Presidente para desaprobar un proyecto de ley sancionado por el Congreso. Pero no es el fin del debate: el proyecto de emergencia en Bahía Blanca ahora regresa al Parlamento y se abre la posibilidad de una nueva discusión.
El Congreso podrá aceptar la decisión de Milei y ratificar el veto -es decir, no volver a tratar la iniciativa-, o bien insistir en la ley. Es necesario considerar que para rechazar el veto se requiere de una mayoría especial de dos tercios de los miembros presentes, tanto en el Senado como en Diputados.
Leé también: Los intendentes del PRO ponen condiciones para un acuerdo con La Libertad Avanza: “No será a cualquier precio”
Si el Congreso logra los dos tercios necesarios en ambas cámaras para superar el veto, la ley se promulga incluso sin el acuerdo del Presidente. En caso de no alcanzar esta mayoría, el veto se mantiene y el proyecto no puede ser reconsiderado en las sesiones de este año.
Las diferencias entre el DNU y la Ley por Bahía Blanca
El DNU del Presidente solo tuvo alcance a la ciudad de Bahía Blanca, mientras que la ley declaró la emergencia en la Provincia de Buenos Aires, específicamente a Bahía Blanca y Coronel Rosales. El decreto no establece un plazo específico para llevar adelante la ayuda, mientras que la norma que sanción el Congreso declaró la emergencia y catástrofe por 180 días, prorrogable por indicación del Poder Ejecutivo.
En relación a lo económico, el decreto de Milei estableció 200 mil millones de pesos de subsidios directos a personas damnificadas. La ley propuso una cifra similar para que el Ejecutivo instrumente el financiamiento a través del Banco Nación, con tasas preferenciales, para asistir a los afectados directos, pero también a Pymes y organismos públicos.
