La diputada del PRO Silvina Giudici presentó en Diputados un proyecto para impedir que cualquier gobierno (actual o futuros) pueda indultar a funcionarios condenados por delitos de corrupción.
“El objetivo es ratificar que en la Argentina nunca más los funcionarios podrán cometer actos de corrupción sin ser condenados y que la pena que reciban deberá ser totalmente cumplida”, expresó Giudici, en alusión directa al fallo que condenó a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner a seis años de prisión domiciliaria por la denominada “Causa Vialidad”.
La diputada Giudici expresó: “Este proyecto excluye del instituto del indulto presidencial a quienes hayan sido condenados por delitos graves contra la administración pública, como abuso de autoridad, malversación de fondos, enriquecimiento ilícito y otras formas de corrupción cometidas desde el Estado. Esos delitos y sus autores fueron los responsables de haber sumido a la Argentina en la pobreza y la decadencia, por eso los consideramos tan graves para los derechos humanos como los previstos en el artículo 36 de la Constitución Nacional, como la traición a la Patria.”
En los fundamentos de la iniciativa, la legisladora aseguró: “En referencia a la facultad de conmutar o indultar penas, nuestra Carta Magna ha dispuesto la competencia presidencial para su ejercicio en cuanto a los delitos de jurisdicción federal o nacional. Sin embargo, dicha facultad no es absoluta, tanto por lo establecido en la propia Carta Magna (Artículo 36) como por los casos en que lo ha intervenido la Corte Suprema de Justicia de la Nación en función de la gravedad y daño institucional que provocan, lo cual en un principio se plasmó en la Ley 27.156 y que proponemos ampliar por medio del presente proyecto”.
El proyecto cuenta con las firmas de los legisladores de la bancada que encabeza Cristian Ritondo, ellos son, Sofía Brambilla, Sabrina Ajmechet, Martin Ardohain, Emmanuel Bianchetti, María Eugenia Vidal, Florencia de Sensi, Gerardo Milman, Maria Sotolano y Germana Figueroa Casas y busca evitar que, por decisiones políticas futuras, puedan resultar anulados fallos judiciales con condena firme contra quienes hayan cometido graves actos de corrupción contra el Estado.
La iniciativa tendrá que ser considerada por las comisiones de Asuntos Constitucionales, encabezada por Nicolás Mayoraz de La Libertad Avanza y Legislación Penal, conducida por la también diputada del Pro, Laura Rodríguez Machado. En cuanto el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, defina su tratamiento, generará un nuevo cruce político con la bancada de Unión por la Patria (UxP).
Dos senadores de ese espacio, el bonaerense Eduardo Wado de Pedro y el formoseño y jefe de la bancada de UxP, José Mayans, hicieron referencia, en declaraciones periodísticas, de la necesidad de la libertad a Cistina Kirchner. “Vamos a luchar hasta que Cristina quede libre”, dijo Wado de Pedro.
