El cuerpo de Peritos Tasadores de la Corte Suprema de Justicia de la Nación ya recibió la notificación del Tribunal Oral Federal 2 para que actualice el monto del decomiso ordenado en el marco de la causa Vialidad, en la que la Corte Suprema confirmó la condena de Cristina Kirchner a seis años de prisión.
La expresidenta y otros ocho condenados defraudaron al Estado Nacional a través de la asignación irregular de obras públicas al empresario Lázaro Báez, y la Justicia fijó una suma de dinero que deben devolver al Estado en concepto de recomposición. Esa cifra, que en su sentencia de 2022 el TOF 2 estimó en $84 mil millones, se actualizará. Una vez que ese informe esté listo, se procederá a la etapa de ejecución y subasta del patrimonio de los implicados en la maniobra.
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Según pudo saber TN de fuentes judiciales, el monto a devolver podría llegar hasta los 500 millones de dólares. Para intentar recuperar parte de ese dinero el fiscal Diego Luciani ya tiene un listado de bienes cautelados que podrían comenzar a ejecutarse.
Pero a este documento se le sumará en breve otro, con más propiedades de los Kirchner, que incluirá el propio departamento de San José en el que la exmandataria cumple su prisión domiciliaria. También dos unidades y cocheras en Madero Center, Puerto Madero, y más otros bienes en el sur.
La Justicia ya actualiza el monto que CFK deberá devolver y prepara un listado con más propiedades
Todos los inmuebles están a nombre de Los Sauces, la inmobiliaria de los Kirchner que está en la mira en otro expediente por lavado de dinero. Lo curioso de esto es que el fiscal incluirá entre los bienes a decomisar el departamento en donde Cristina Kirchner cumple su domiciliaria. Una propiedad que se podría subastar en el futuro.
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Una vez que el cuerpo de Peritos de Tasadores de la Corte termine el informe, la Justicia le dará 10 días hábiles a los condenados para que devuelvan el monto total establecido en el decomiso. Si no lo hacen, comenzará la etapa de ejecución de los bienes, es decir, la subasta pública, algo similar a lo que ocurrió en la causa Cuadernos, donde se remataron bienes de Daniel Muñoz, el exsecretario privado de Néstor Kirchner.
En el listado -que ya confeccionaron los fiscales Luciani y Sergio Mola- se detallan todos los bienes de Cristina Kirchner y se suman los que en 2016 les cedió como herencia anticipada a sus hijos, Máximo y Florencia. Una maniobra que Margarita Stolbizer denunció por insolvencia fraudulenta para esquivar los embargos que se le trabaron tiempo después en la causa Hotesur-Los Sauces. En ese expediente, la expresidenta y su hijo están procesados.

El documento detalla un total de 26 propiedades de los Kirchner (dos están en CABA y otras 24 en Santa Cruz), las tres empresas familiares (Los Sauces, Hotesur y COMA S.A.) y los U$S5,6 millones de Florencia. Entre los inmuebles figuran los hoteles y algunas estancias de la familia.
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También se suman los 37 inmuebles que Lázaro Báez tiene en la Ciudad de Buenos Aires, cuatro propiedades más en territorio bonaerense, 132 inmuebles en Santa Cruz, uno en Chubut, y sus empresas Austral Construcciones, Loscalzo, Del Curso SRL y Gotti S.A.
Entre las propiedades de Báez se encuentran las históricas estancias de Cruz Aike, donde en 2018 se realizaron excavaciones en busca de dinero enterrado, y otras con valor de mercado, como Río Olnie, El Rincón y Los Gurises.
En su escrito, los fiscales sostuvieron, que producto de la defraudación con la obra pública, el Estado se vio privado de colocar ese dinero en proyectos vinculados a la educación, la salud, la asistencia social, vivienda, trabajo y justicia. La sentencia condenatoria contra los nueve acusados ordenó un decomiso de $85 mil millones, pero ese dinero se debe actualizar. La Cámara Federal de Casación ya confirmó el decomiso.
Para los fiscales Mola y Luciani, si bien los bienes están embargados en otras causas como Los Sauces, se ejecutan en el expediente que primero llega a sentencia; en este caso, Vialidad. Además, entienden que se puede avanzar sobre los bienes que Cristina Kirchner les cedió a sus hijos, ya que están cautelados y en condiciones de ser ejecutados. Un argumento es que esos bienes se compraron con dinero producto de las maniobras que fueron confirmadas por la Corte Suprema.