En un Congreso otra vez vallado por la marcha de los jubilados de todos los miércoles, a la que se sumaron organizaciones sociales y piqueteras por el fallo contra Cristina Kirchner, los legisladores buscaron avanzar con una segunda reunión para discutir la ampliación de los miembros de la Corte Suprema.
Pero el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales, donde se realizaría la segunda jornada de debate, terminó suspendiéndose sin siquiera haber comenzado, por el impacto que generó la condena contra CFK por la causa Vialidad: seis años de prisión y la prohibición de por vida de ocupar cargos públicos.
El martes, luego de conocerse la sentencia, los legisladores de Unión por la Patria habían analizado junto a la expresidenta -durante el encuentro en la sede del PJ- los temas pendientes de la agenda parlamentaria. “Vamos a trabajar en comisión el tema de la Corte para tener siete miembros. Y vamos a acompañar la paridad en género: queremos un mínimo del 40% de mujeres en el tribunal”, dijo el senador José Mayans.
Los proyectos para ampliar la Corte Suprema
La iniciativa de cabecera -que ya fue expuesta por su autor en el primer plenario de comisiones, el 28 de mayo- es el proyecto del senador salteño Juan Carlos Romero (Provincias Unidas), que solicita llevar a siete los integrantes del tribunal.
“Este proyecto es una mejora del sistema actual, propiciando que se sumen especialistas en distintas disciplinas del Derecho, provenientes de diferentes regiones del país, y facilitando una mayor celeridad en la resolución de causas”, fundamentó Romero, quien ya cuenta con el respaldo de Mayans, lo que podría traducirse en un posible entendimiento político para lograr las mayorías requeridas para su aprobación.
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Estos acuerdos son indispensables ya que la aprobación del Senado a la designación de un ministro de la Corte requiere, como lo establece la Constitución, una mayoría especial de dos tercios de sus miembros presentes. La bancada de Unión por la Patria cuenta con 34 senadores nacionales sobre un total de 72, un número que condiciona a los libertarios.
Además, el proyecto de Romero -como puntualizó el propio legislador- pretende “asegurar el derecho a la igualdad y el ejercicio de los derechos en forma igualitaria y sin discriminación: que de los siete miembros de la Corte, no más de cinco sean del mismo sexo”.
Ese artículo muestra la contracara de las malogradas postulaciones del gobierno de Javier Milei cuando intentó avanzar con las designaciones de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla. Uno de los cuestionamientos del bloque de la UCR fue la falta de postulantes mujeres a la propuesta gubernamental. Finalmente, el Senado terminó rechazando los dos pliuegos.
El plenario también tenía previsto considerar las siete propuestas restantes, como aquella de la senadora Silvia Sapag (UxP), que propone una proporción mínima de mujeres del 40% en la integración de la Corte. La legisladora neuquina Lucila Crexell (Provincias Unidas) plantea una Corte de nueve magistrados, algo similar a lo que presentó Mónica Silva (Juntos Somos Río Negro).
La opinión del jefe de Gabinete
En diálogo con TN, Guillermo Francos dejó en claro la postura del Gobierno. “No las hemos debatido”, dijo el jefe de ministros sobre las propuestas legislativas que se discutieron en esta primera jornada. Y respecto a la iniciativa de Romero, agregó: “No lo avalamos porque no es un proyecto nuestro. Hubo varios proyectos de ampliación de miembros de la Corte en distintas instancias constitucionales”.
La nueva convocatoria en el Senado para avanzar con estos proyectos sería para las próximas semanas.
