Los senadores nacionales quedaron habilitados a aceptar o no los aumentos de sus dietas. A partir de una resolución interna de la vicepresidenta, Victoria Villarruel, cada uno de los representantes del cuerpo tendrá la libre elección de establecer sus ingresos. Una medida que para algunos integrantes del Senado podría generar polémicas.
Con la resolución 344/25 del pasado 4 de junio, Villarruel estableció, en el artículo 3 del decreto que invitaba “a los senadores de la Nación a ejercer la opción de adecuar o no, total o parcialmente sus respectivas dietas, informándolo por nota a la presidencia, en mérito a las facultades que les son propias”.
De esta manera, la vicepresidenta dejó en claro que los ingresos del senado lo resuelven los propios legisladores y no ella que representa y percibe sus ingresos a través del Poder Ejecutivo.
Con el último acuerdo paritario entre los trabajadores del Congreso y las autoridades de las Cámaras legislativas, las dietas de los senadores, que a partir de lo que ellos mismos se votaron durante abril de 2024, están enganchadas a los futuros aumentos de los empleados legislativos, y por lo tanto hoy ascienden a los 9,5 millones de pesos.
La última paritaria suscripta por Victoria Villarruel y los gremios de la Asociación del Personal Legislativo (APL), ATE y UPCN fue de este mes de junio con un incremento del 1,3% mensual, retroactivo a los meses de marzo, abril y mayo de este año, más un bono de 100 mil pesos para cada trabajador. Lo que hizo un incremento de 3,9% para esta nueva etapa impactando fuertemente en las dietas de los senadores nacionales. Mientras que las categorías más bajas de los trabajadores del Congreso llevaron sus ingresos en bruto entre los 700 mil y un millón de pesos.
Renuncia desde el oficialismo
Ese martes, el bloque de La Libertad Avanza, que comanda Ezequiel Atauche expresó que “reafírmanos nuestro compromiso con los argentinos de bien. En función del decreto 344/25 de esta Honorable Cámara, los senadores de nuestro bloque renunciamos al aumento de dietas recientemente dispuesto. A nosotros nos votaron para devolver a la Argentina al sendero de la grandeza, y para ello los primeros que tenemos que poner el hombro somos los funcionarios y legisladores”.
Los seis legisladores del oficialismo son, además de Atauche, Bartolomé Abdala, Ivanna Arrascaeta, Vilma Bedia, Bruno Olivera Lucero y Juan Carlos Pagotto.
A esta medida también se sumaría el senador del Pro, Luis Juez. Otros legisladores, los santacruceños, José María Carambia y Natalia Gadano, le presentaron una nota a Victoria Villarruel, el pasado mes de mayo, rechazando el aumento de sus dietas.
Los antecedentes por los ingresos
En la sesión del 18 de abril del año pasado, los senadores aprobaron un proyecto de resolución, a mano alzada y en menos de dos minutos, sin discusión, que estableció que “a partir del mes de mayo del presente año (2024), los senadores percibirán un total de 13 dietas anuales. Cada una de ellas será equivalente a 2500 módulos, más un adicional de 1000 módulos por gastos de representación y 500 módulos de adicional por desarraigo. El valor del módulo será el equivalente al que perciben los empleados legislativos, conforme a las previsiones de la ley 24.600 (Estatuto del Personal del Congreso de la Nación)”.
Posteriormente, el 22 de agosto, suspendieron hasta el 31 de diciembre la vigencia de dicha resolución y votaron un desenganche de sus ingresos respecto del personal legislativo. También retrotrajeron cualquier aumento de haberes. Al no definir la situación de fondo, a comienzos de este 2025, la vicepresidenta firmó una resolución interna prorrogando lo establecido por lo senadores y mantuvo congeladas las dietas hasta el pasado 31 de marzo. “Es mi intención que el Senado acompañe al pueblo argentino en el esfuerzo que está haciendo”, argumentó Villarruel tras la firma de la prórroga. A partir del 1 de abril pasado, y ante la falta de debate sobre este temo por parte de los senadores, la resolución caducó, y por lo tanto los ingresos se descongelaron y volvieron a engancharse a los ingresos del personal legislativo. A partir del último decreto firmado por la vicepresidenta, cada senador podrá aceptar o no sus aumentos en sus ingresos.
Desde el bloque de Unión por la Patria, el senador José Mayans presentó, en abril del año pasado y nunca se trató, un proyecto para fijar un tope máximo a los haberes de las autoridades superiores de los tres poderes del Estado, así como de órganos extrapoderes, organismos descentralizados de la Administración Pública Nacional y empresas estatales. También establece límites a la remuneración de las máximas autoridades.
El proyecto fija que las remuneraciones mensuales del presidente, el vicepresidente, los jueces de la Corte Suprema, los senadores, los diputados, el Procurador General, el Defensor General, los consejeros de la Magistratura, los auditores generales, el Defensor del Pueblo de la Nación y el personal del Servicio Exterior no podrán superar los 20 Salarios Mínimos, Vitales y Móviles, por todo concepto.
